Pedro J. Ramírez denuncia que las críticas sobre su piscina son un "pretexto" para orquestar una "campaña de coacción"

Actualizado: miércoles, 12 julio 2006 23:01

Afirma que la piscina es "absolutamente legal" y reta a ERC, IU y PSM a garantizar que donde gobiernan no hay instalaciones ilegales

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del diario 'El Mundo', Pedro J. Ramírez, denunció hoy que las críticas de ERC, IU y otras formaciones políticas como el PSM a la situación de su piscina en Mallorca no tienen "nada que ver con la ecología o el medio ambiente", sino que son sólo el "pretexto" para desarrollar una "campaña de coacción" contra su persona, en su calidad de director del citado periódico, "porque no les gusta la defensa de la España constitucional que hace 'El Mundo'". "Me quieren coaccionar en el ámbito más infame en el que se puede coaccionar a una persona, que es el ámbito familiar", dijo.

Asimismo, el periodista aseguró a Europa Press que la situación de la piscina "ha sido legal en todo momento" y añadió que, como director de un periódico que ha hecho de la defensa del Estado de derecho "el norte de su línea editorial", va a seguir cumpliendo con la legalidad "aunque eso signifique no un privilegio, sino una enorme incomodidad" en este caso, dando a la instalación "un uso público real, evidentemente limitado" y compatible con su seguridad y la de su familia.

En este sentido, retó a "todos los grupos políticos que están poniendo objecciones a esta regulación" que "garanticen" que en los municipios donde gobiernan o tienen representación "no hay múltiples instalaciones, piscinas, solariums, o embarcaderos en situación de flagrante ilegalidad". Según señaló, sólo en Baleares hay 10.000 piscinas o instalaciones similares en situación irregular, mientras que la suya es "una de las pocas que está en situación de legalidad".

El director del diario 'El Mundo' destacó que "es verdaderamente surrealista que haya tanta gente teóricamente importante que se esté ocupando de una pileta, de una bañera grande en la que difícilmente caben ocho personas al mismo tiempo". "El hecho de que así sea demuestra que quienes han estado desarrollando esta campaña contra mí no tienen el menor interés ni en el medio ambiente ni en la Ley de Costas ni en nada parecido, sino que lo único que quieren es encontrar un pretexto para coaccionarme como director de 'El Mundo' en el ámbito más infame en el que se puede coaccionar a una persona, que es el ámbito familiar", explicó.

Tras señalar que no ha querido hablar hasta que no hubiera habido una resolución por parte de la Administración, manifestó que "durante todos estos meses se ha dicho un cúmulo de mentiras sobre la realidad de la piscina", como que él había encargado su construcción, cuando en realidad se construyó en 1970 y él compró la casa hace poco más de cinco años.

Por otro lado, Pedro J. Ramírez aseguró que es "absolutamente falso" que se trate de una piscina ilegal, y que "la situación de la piscina ha sido legal en todo momento". Así, aunque es cierto que la concesión que tenía inicialmente caducó cuando falleció el anterior propietario, "su viuda siguió pagando el canon todos los años y la administración se lo cobraba". Después, cuando entablaron negociaciones para la compra de la casa, le dijo a la mujer que regularizara la situación de la piscina y que le renovaran la anterior concesión o le dieran otra nueva.

"Cualquier otra persona puede comprar una casa en la que la piscina sea alegal o ilegal, pero yo no", aseveró el director de 'El Mundo', que señaló que finalmente la Administración otorgó una concesión con un canon "bastante alto", y desde entonces "siempre que el domicilio ha sido mío la situación de la piscina ha sido legal".

No obstante, agregó que faltaba por desarrollar un aspecto de la concesión, que es el uso público de la piscina, tal y como establece la Ley de Costas. En cualquier caso, el periodista señaló que "nunca, como dice un informe de la Delegación del Gobierno que consta en el expediente, ha existido una demanda de ese uso público espontáneamente, porque en un sitio rodeado de calas, playas y mar por todas partes hace falta estar un poco trastornado para decidir precisamente que te quieres bañar en esa piscina que no tiene nada de particular".

De todas formas, decidió presentar un proyecto para regular ese uso público porque no quiere tener "ningún privilegio" y "ser ejemplar en el cumplimiento de la Ley", máxime cuando es el director de un periódico "que ha hecho de la defensa del Estado de derecho el norte de su línea editorial". "Voy a cumplir con la legalidad aunque eso signifique no un privilegio, sino una enorme incomodidad, ya que además del canon hay que pagar las obras para transformar la piscina en piscina de agua salada, instalar unas placas solares, unos paneles didácticos, pagar a una persona para que esté dispuesta a atender a los escolares que quieran venir en los meses establecidos... ¿Todo eso son privilegios? Son compromisos y sacrificios que asumo como prueba de estricto respeto a la legalidad", explicó.

En relación con quienes "hacen bromas" sobre la irrupción de un grupo de personas en su piscina encabezadas por el diputado de ERC Joan Puig, Pedro J. Ramírez dijo que le gustaría haberlos visto en su situación mientras escuchaba con su hija de 14 años "cómo 15 energúmenos entran por la fuerza insultándote".

UNA RESOLUCIÓN "FUNDADA".

Por último, aseguró que la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre la piscina está "absolutamente fundada" y se basa en un informe de la Abogacía del Estado que establece que el hecho de que la piscina tenga que tener un uso público "no significa que tenga que ser genérico e indiscriminado", y más teniendo en cuenta "que no hay una demanda de uso público espontánea y que hay una campaña" contra él, con "riesgo de que se repitan incidentes".

Asimismo, el director de 'El Mundo' recordó que la piscina está unida al domiclio y no se puede hacer una separación que garantice su seguridad y la de su familia, lo que debe dar lugar a un uso público "muy restringido" teniendo en cuenta también su condición de persona amenazada por la organización terrorista ETA. "Estoy dispuesto a cumplir la Ley ejemplarmente, pero no a que corra riesgo la seguridad de mi familia", concluyó.