SEÑAL DE TV DEL TRIBUNAL SUPREMO
La Sala rechaza que la ratificación de los informes produzca indefensión a los encausados
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) que han comparecido este miércoles ante la Sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo han desmontado las tesis de las defensas sobre la ausencia de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.
Según las expertas, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, puesta en marcha de webs o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.
Hasta el receso de la hora de comer, las expertas han contestado a varias cuestiones concretas realizadas por la fiscal Consuelo Madrigal. Comparecían en unidad de acto por un lado las tres funcionarias de Hacienda que realizaron el informe sobre "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum", que son Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández Guerra.
Las completaba en la práctica de la prueba la perito propuesta por la Abogacía del Estado para ratificar un informe emitido el 29 de octubre de 2018 por la Intervención General del Estado a solicitud del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ha procesado a una veintena de altos cargos de la Generalitat por la organización del 1-O y ha sido aportado al Supremo. Se trataba de la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, Mercedes Vega.
La fiscal -tras tres avisos del presidente del tribunal, Manuel Marchena, pidiendo concreción en las preguntas- ha cuestionado el testimonio de varios testigos que recibieron diversos encargos relacionado con el 1-O y que manifestaron ante el tribunal que o bien nunca fueron pagados, renunciaron al cobro a consecuencia de las prohibiciones del TC o emitieron facturas negativas.
Así, y respecto de este último supuesto, la perito Carmen Izquierdo ha puntualizado que habitualmente las facturas negativas se emiten cuando el empresario ha repercutido un IVA y no ha cobrado aún la factura, con lo que se encuentra con un doble perjuicio. En todo caso, la emisión de esta factura de abono no implica en ningún caso que el servicio no se haya prestado.
Lo mismo ocurre en el caso de que existan o no facturas o de que el proveedor renuncie al cobro del servicio, ya que éste se puede haber prestado y se considera por tanto que hay perjuicio a la hacienda pública según ha explicado la perito ante el tribunal.
Por otra parte, las perito se han referido a otros aspectos de los hechos sostenidos por la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la acusación popular ejercidos por Vox para apuntalar sus acusaciones de malversación, como los realizados por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) o las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Ambas entidades forman parte de la Hacienda pública catalana, tal y como han puntualizado las expertas una de las cuales ha puntualizado que los servicios públicos "no son gratuitos".
Sobre Diplocat, la experta ha advertido que los propios estatutos de este organismo obligan a que la Generalitat financie mayoritariamente a la entidad con independencia de que reciba fondos privados, mientas que las actividades de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales también forma parte del sector público catalán. Solo en 2017 esta entidad fue financiada con 231 millones de euros por la Consejería de Presidencia.
Otra de las peritos de Hacienda, Cecilia Hernández, se ha referido a otros gastos concretos como la publicación en diversos periódicos europeos del anuncio de un acto sobre el referéndum -en la fotografía aparecía una urna- al que acudirían el expresident Carles Puigdemont, Junqueras y Romeva. El servicio se realizó y se pagaron 91.061 euros, "impuestos excluidos", ha matizado.
En cuanto al Registro de Catalanes en el Exterior se analizaron tres expedientes diferentes, el diseño del anuncio y otros dos para su inserción en prensa escrita y digital. El trabajo no se pagó porque los sevicios jurídicos de la Generalitat, ya con el 155 en vigor, lo desaconsejaron dado que la organización del referéndum se estaba investigando judicialmente.
GASTO AUTORIZADO POR TURULL
Sobre la campaña 'Civisme' en medios, el testimonio de la perito ha apuntado directamente al acusado Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, por una solicitud de transferencia de crédito por valor de 3,4 millones de euros el 24 de agosto de 2017 que se autorizó por el Consejo de Gobierno apenas cinco días más tarde. La campaña se realizó pero no se llegó a emitir.
Al comienzo de la prueba ha intervenido la jefa del grupo de trabajo creado en Hacienda para supervisar los gastos de la Gneralitat, María del Carmen Tejera, quien ha negado que ella ni su equipo recibieran "en modo alguno" instrucciones de sus superiores para realizar su trabajo.
Según esta experta, el análisis debe partir de lo señalado en las transferencias a Cataluña enmarcadas en el FLA, que obliga a que las cantidades prestadas por el Estado se destinen a prestaciones básicas y a servicios públicos prioritarios.
La perito también se ha referido a la obligación impuesta a la Genelitat de dar cuenta periódica de sus gastos y al posterior incumplimiento de esta obligación, reconocido por el propio exvicepresidente Oriol Junqueras vía carta al ministro Cristóbal Montoro, lo que obligó a emitir una orden por la que a partir del 15 de septiembre fue el Estado el que pagaba directamente las facturas de la administración autonómica. "Ese incumplimiento de la Ley ponía en peligro la estabilidad financiera, se vio como una clara amenaza al funcionamiento del país", ha manifestado Tejera.
Por todas estas razones, a partir de enero de 2018 se creó un grupo de trabajo en Hacienda comandado por Tejera y que reunía a siete funcionarios -todos mujeres, con una sola excepción- que se dedicaron a la "verificación de la verdad material" y cuyo objetivo era también el de facilitar información al Juzgado de Instrucción numero 13 sobre la existencia de algún acto contable que pudiera estar relacionado con el 1-O.
INTENTO DE ANULACIÓN DE LAS DEFENSAS
Antes de que se iniciará la prueba en sí ha tomado la palabra el abogado del exconsejero Carles Mundó, Josep Riba, que ha formulado su protesta por la indefensión que le produce no haber tenido conocimiento hasta el momento de los conclusiones de los informes periciales, lo que impide que pueda someter sus conclusiones a contradicción. A ello se añade el hecho de que una de los peritos de la Fiscalía, Carmen Tejera, sea la misma persona que auxilió a la Guardia Civil en su investigación.
A estas quejas se han unido las de otras cuatro defensas de exconsejeros de Puigdemont, que ha planteado que además hay que tener en cuenta que no han podido proponer una contrapericial sobre los supuestos gastos atribuidos a sus clientes.
Por su parte, tanto la fiscal Madrigal como la abogada del Estado han impugnado estas quejas al considerarlas extemporáneas, puesto que la existencia de los informes periciales era conocida desde el pasado mes de diciembre.
El tribunal se ha retirado a deliberar diez minutos y finalmente ha acordado rechazar las quejas por extemporáneas e iniciar la pericial advirtiendo que "si a lo largo del desarrollo de la pericia hubiera algún elemento que se detectara indefensión" se aplicarán los procedimientos procesales "para poder anular ese elemento de indenfensión", en palabras de Marchena.
