BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal solicita 12 años de prisión para cuatro agentes de la Policía Local de Mataró (Barcelona) acusados de agredir a un hombre en comisaría por negarse a realizar la prueba de alcoholemia. La víctima accedió a ser trasladado a dependencias policiales después de que los agentes detuvieran su vehículo al sospechar que conducía bajo los efectos del alcohol.
La Fiscalía y la acusación particular piden tres años de prisión y varios años de inhabilitación de empleo y cargo público para Ramón B.A. --que permanece en prisión condenado por otra causa--, Gregorio H.T. --de baja médica--, Josep Francesc S.O. y Francisco C.F. por un delito de atentado grave a la integridad moral, otro de violación de las garantías constitucionales, otro delito por amparar la comisión de un atentado grave a la integridad moral y una falta de lesiones.
Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de noviembre de 1999, cuando la patrulla formada por los acusados Ramón B.A., de 48 años, y Gregorio H.T., de 51, detuvo el vehículo conducido por Antonio G.M. al percatarse de que iba haciendo 'zig-zags' por la carretera.
Durante el juicio, celebrado hoy en la Audiencia de Barcelona, los procesados explicaron que detectaron "síntomas muy evidentes" de que Antonio G.M. había bebido, ya que se dirigía a ellos "tambaleándose y apoyándose en el coche", por lo que le instaron a acudir a comisaría para realizar el test de alcoholemia.
La víctima accedió voluntariamente a ser trasladado por los agentes a las dependencias policiales, aunque, según mantiene la Fiscalía, los guardias urbanos se dirigieron a él de forma "despectiva" y "arrogante", diciéndole que tirase para adelante y entrase en el coche porque era "un chulo".
Una vez en comisaría, el agente Josep Francesc S.O., de 43 años y también acusado, requirió a Antonio G.M. para realizarle la prueba de alcoholemia. No obstante, según la versión del procesado, mientras él le explicaba como funciona el etilómetro, la víctima se dedicaba a "tomarle el pelo".
El agente explicó hoy que Antonio G.M. "no colaboraba porque no tenía intención de soplar", por lo que interpretó que no quería hacer la prueba y le informó de que le iba a detener por desobediencia grave a los agentes de la autoridad. "Entonces se levantó y me dijo que ya había perdido bastante tiempo y que se iba de allí", afirmó el acusado.
En ese momento, según explicaron los procesados, intentaron evitar que la víctima se marchase, produciéndose un forcejeo entre ellos. Los agentes tiraron al suelo a Antonio G.M. y le inmovilizaron para ponerle las esposas, utilizando para ello "la mínima fuerza necesaria". El hombre, según los acusados, sólo se hizo un rasguño en un pómulo.
Acto seguido, los agentes trasladaron al detenido a una celda y levantaron la correspondiente acta de detención y lectura de derechos, que Antonio G.M. se negó a firmar. Los procesados aseguraron que informaron a la víctima de que tenía derecho a ser trasladado al hospital, aunque él dijo "clara" y "tajantemente" que no quería que le visitase un médico y que no quería avisar a ningún familiar.
LE INSULTARON Y LE GOLPEARON POR TODO EL CUERPO.
La Fiscalía y la acusación particular mantienen que, antes de trasladar a la víctima a la celda, los agentes le insultaron y que, al exigir éste que le tratasen con respeto, Gregorio H.T. empezó a golpearle repetidamente con los puños por todo el cuerpo.
Según el Ministerio Fiscal, Ramón B.A. y Josep Francesc S.O. se sumaron después a la agresión, de manera que los tres acusados sujetaron a Antonio G.M., le golpearon, le tiraron al suelo, le dieron patadas y le inmovilizaron con las esposas mientras le seguían insultando.
A consecuencia de la presunta agresión, la víctima sufrió varias contusiones que necesitaron una primera asistencia médica para sanar. Según las acusaciones, los agentes negaron al detenido su derecho a ser asistido por un médico y le mantuvieron en la celda toda la noche, hasta que llegó la abogada de oficio.
En cuanto al otro procesado, el sargento Francisco C.F., de 61 años, las acusaciones consideran que no cumplió las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra garantizar la integridad física de los detenidos, ya que no impidió que se produjera la supuesta agresión y no medió para que la víctima recibiera asistencia sanitaria.
LAS CINTAS DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD SE REGRABARON.
Los cuatro agentes, por su parte, negaron rotundamente haber insultado o golpeado a Antonio G.M. Según dijeron, el detenido estaba muy nervioso y agitado y, una vez dentro de la celda, "se daba golpes contra las paredes de la misma rabia y se tiraba contra la puerta, hasta que se sentó y se calmó".
Los procesados afirmaron que nadie entró en la celda mientras la víctima estuvo dentro y explicaron que si hubiesen visto que sufría lesiones graves le hubiesen llevado al médico "a la fuerza". Según los urbanos, fue el acusado quien les insultó a ellos, llegando a amenazarles de muerte.
Se da la circunstancia de que la comisaría donde ocurrieron los hechos cuenta con seis cámaras de seguridad que habrían grabado la supuesta agresión. No obstante, las cintas nunca han podido visionarse, ya que cuando el juzgado de instrucción las requirió ya habían sido regrabadas. A este respecto, los acusados aseguraron que ellos no vieron esas grabaciones y que no eran los responsables de conservarlas.
EL JUICIO CONTINUARÁ LA PRÓXIMA SEMANA.
"Yo sólo quiero que se aclare toda la verdad y que esto finalice porque no ha ocurrido nada de lo que él dice", señaló Josep Francesc S.O. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, no obstante, consideran que Ramón B.A., Gregorio H.T. y Josep Francesc S.O. cometieron un delito de atentado grave a la integridad moral, otro de violación de las garantías constitucionales, otro delito por amparar y permitir la comisión de un atentado grave a la integridad moral y una falta de lesiones.
Por ello, solicitan tres años de cárcel, siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público y una multa de 720 euros para estos tres acusados. En cuanto al sargento Francisco C.F., las acusaciones consideran que cometió un delito de violación de las garantías constitucionales y que amparó y permitió la comisión de un atentado grave a la integridad moral, por lo que reclaman que sea condenado a tres años de cárcel y que se le inhabilite durante cuatro años.
Las acusaciones piden, además, que los acusados indemnicen a Antonio G.M. con 6.000 euros por las lesiones y los daños morales sufridos, cantidad de la que deberá responder como responsable civil subsidiario el Ayuntamiento de Mataró. La defensa, por su parte, pide la absolución de los acusados.
El juicio continuará el próximo lunes con la declaración de la víctima y del resto de testigos propuestos por las partes.
