MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años de prisión para un hombre por lucrarse ofreciendo a personas extranjeras no comunitarias puestos de trabajo falsos a través de una empresa fantasma, encargándose él mismo de presentar la documentación requerida ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el acusado se aprovechaba del sistema ya que la empresa, que tenía el mismo CIF y domicilio social que él, daba apariencia legal y resulta frecuente que las ofertas se admitan. No obstante, la sociedad realmente era ficticia, carecía de actividad comercial y no aparecía inscrita en el Registro Mercantil.
Además, la empresa no tenía un centro de trabajo y no aparece dato alguno en la Agencia Tributaria durante los últimos cuatro años, según la acusación, que precisa que el procesado presentaba una memoria del por qué necesitaba cubrir los puestos para que los extranjeros pudieran obtener los correspondientes permisos de trabajo o residencia.
De esta forma, a fecha de 27 de noviembre de 2007, según indica el escrito del ministerio público, había presentado en la Subdelegación del Gobierno un total de 23 solicitudes, con las correspondientes ofertas de trabajo y memoria explicativa. Del total, 15 fueron denegadas, dos estaban en trámite y cinco fueron concedidas. En todos los expedientes se adjuntaron ofertas simuladas de trabajo.
Según el relato del fiscal, en diciembre del mismo año, una testigo protegido contactó con el acusado, que era portero de una discoteca de la capital malagueña, y éste le ofreció un puesto de administrativa en la empresa, para lo cual le hizo una oferta de trabajo.
Así, tramitó la solicitud de renovación ante la Subdelegación del Gobierno, llegando a pedirle a la testigo por distintos conceptos la cantidad de 600 euros, sin que dicha renovación fuera concedida por la administración competente.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado de falsedad en documento oficial, por incorporación de documento privado a oficial, y otro de estafa, por los que solicita en total cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros.
