HUELVA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal solicitó hoy dos años de prisión para E.S.O., el primer acusado en Huelva por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al edificar dos construcciones en terreno rústico especialmente protegido en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, durante el juicio celebrado en los juzgados de lo Penal de Huelva.
El escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, determina que en fecha no determinada, pero comprendida en los cinco primeros meses de 2003, el acusado, E.S.O., propietario y responsable de las obras de urbanización del terreno, construyó dos viviendas unifamiliares en suelo de carácter no urbanizable de especial protección, situado en el camino de Los Romerales, a la orilla del río Guadiana.
El escrito detalla que la primera vivienda consistía en una edificación de 130 metros cuadrados de planta baja y 50 de planta alta, situada a 200 metros de la Ribera del Guadiana y en terreno rústico especialmente protegido por su riqueza rústica forestal, según adelantó hoy el diario Odiel Información de Huelva.
La segunda edificación, que terminó de construirse en septiembre de 2003, se ejecutó en lo alto de un cabezo, también en terreno rústico protegido, a unos 150 metros de la misma ribera, y se alzó junto a construcciones rurales ya existentes.
Para la realización de ambas construcciones, según detalla el escrito, el acusado efectuó obras de desmonte de terreno y preparación de acceso de vehículos, con tala de árboles de la zona, realizando estas obras sin haber obtenido la autorización expresa de edificación en suelo no urbanizable, previa a la iniciación de las obras y a la obtención de la licencia municipal, con la que tampoco contó.
Dichas edificaciones infringían la norma 19 de las Normas subsidiarias Municipales y Complementarias en Suelo no urbanizable de la provincia de Huelva de 1985, las disposiciones del Plan de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva de 1986 y la norma 40 de este Plan; mientras que especifica que los daños causados a los terrenos especialmente protegidos no han sido cuantificados.
Por este delito contra la ordenación del territorio el fiscal pidió dos años de prisión y la multa de 18 meses para E.S.O., con un cuota diaria de 20 euros y responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad cada dos cuotas pagadas, e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio por un periodo de dos años.
