El nuevo Ejecutivo no acaba de cumplir lo que se recogía en la proposición de ley, que sólo hablaba de dos Vicepresidencias
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PNV ya no tiene urgencia en la tramitación de su proposición de ley para reducir el tamaño del Gobierno, que ha cumplido un año desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso, pues considera que al final el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dado la razón a los nacionalistas al suprimir los Ministerios de Vivienda e Igualdad.
Esa proposición de ley, destinada a poner un límite a la composición del Gobierno de la Nación, fue presentada hace un año por el PNV y admitida a trámite en el Congreso el 27 de octubre de 2009 pese al voto en contra del PSOE. Tras numerosas prórrogas, los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas a finales de mayo y desde entonces el texto está congelado en la Comisión Constitucional.
Aquella iniciativa del PNV, de un sólo artículo, esgrime criterios de "racionalidad, austeridad y eficiencia" para imponer una reorganización del Gobierno de modo que en ningún caso podrá contar con más de dos vicepresidencias y catorce ministerios.
El nuevo gabinete tiene 15 ministerios, de los que tres cuentan con rango de vicepresidencia. Aunque no llega a cumplir con lo que se propone en la proposición de ley, el PNV subraya que Zapatero ha acabado por darles la razón. En este sentido, fuentes nacionalistas aseguraron a Europa Press que ahora su iniciativa no tiene la urgencia de antes, máxime después del acuerdo presupuestario alcanzado con el PSOE.
En la proposición de ley se recuerda que el Congreso ya venía pidiendo esta legislatura una reducción de la estructura del Gobierno, aunque las cinco propuestas aprobadas en este sentido contaron con el rechazo del PSOE, que defiende la competencia del presidente del Ejecutivo para diseñar su Gabinete.
OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A diferencia de esas mociones o proposiciones no de ley aprobadas en contra del PSOE, la iniciativa del PNV es una proposición de ley, lo que supone que, de aprobarse, tiene rango legal que obliga a su cumplimiento. Durante meses, los socialistas ralentizaron su tramitación ampliando los plazos de presentación de enmiendas pero a finales de mayo ya no encontraron aliados para una nueva prórroga en la Mesa del Congreso.
El PSOE optó por presentar dos enmiendas contra la reforma legal limitándose a proponer la supresión de la exposición de motivos y del artículo único para dejarla sin efecto. Su argumento, según los escritos registrados y a los que tuvo acceso Europa Press, es que fijar un tope de ministerios supone "no adecuarse a la facultad constitucional del presidente del Gobierno prevista en el artículo 100 de la Constitución". El PP renunció a registrar enmiendas, lo mismo que el PNV, que fue el grupo proponente.
Por su parte, CiU registró una enmienda para añadir a la redacción inicial la necesidad de que, a la hora de configurar su Gabinete, el presidente del Gobierno respete "la distribución competencial" para evitar que se creen instituciones en materias transferidas a las comunidades, como los nacionalistas vienen asegurando en relación con los Ministerios de Vivienda o Cultura, entre otros.
ERC va un poco más allá y quiere añadir un nuevo apartado a la ley para dejar claro que "en ningún caso podrán crearse Ministerios cuyas materias sean competencia autonómica o estén transferidas a las comunidades autónomas". Cultura, Vivienda e Igualdad son departamentos que, según ERC, no deberían haberse creado.
EL PRESIDENTE DEBE EXPLICAR LOS CAMBIOS DE GOBIERNO
En otra de sus enmiendas, a las que tuvo acceso Europa Press, ERC pretende que el presidente del Gobierno rinda cuentas ante el Parlamento de los cambios en su gabinete y que el Ejecutivo acuda al Congreso al menos una vez al año para informar del cumplimiento de las iniciativas que se aprueban en las Cortes Generales.
Los republicanos quieren añadir también la exigencia al Gobierno de una regulación sobre el uso de los medios públicos (inmuebles y medios de transporte incluidos) a disposición de los miembros del Gobierno, así como hacer incompatibles las pensiones indemnizatorias de los ex ministros con cualquier otra percepción pública o privada.
