BILBAO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PNV se decantaría por adelantar a enero y junio las pagas extras de 2013 que perciben los funcionarios del Gobierno vasco en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) impidiera que se abone la de Navidad de este año, según han confirmado fuentes nacionalistas a Europa Press.
Fuentes de la formación jeltzale han adelantado este planteamiento del nuevo Gobierno vasco a la vista de la decisión del Ejecutivo central de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la pretensión del Gobierno en funciones de Patxi López de abonar la paga extra de Navidad a sus funcionarios.
Precisamente, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, explicó este pasado jueves que el Tribunal Constitucional no podrá suspender de forma cautelar la percepción de la remuneración extraordinaria de Navidad por parte de los funcionarios del Gobierno vasco, si éste da la orden de pago antes de que el alto tribunal se reúna para pronunciarse al respecto.
Por su parte, el Gobierno vasco, que todavía no ha ejecutado la orden de pago, asegura que trabaja para abonar la paga extra de Navidad "en tiempo y forma".
Ante la posibilidad de que el TC decida finalmente que no se puede abonar la paga extra de Navidad, el nuevo Gobierno vasco, liderado por el PNV, optaría por un adelanto de las pagas extras de 2013.
Las mismas fuentes han señalado que se decantarían por la opción de adelantar pagas que han hecho otras instituciones como la Diputación foral de Bizkaia o los ayuntamientos.
Precisamente, las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron el pasado miércoles el proyecto de norma foral que permite adelantar a los meses de enero y julio el abono de las pagas extraordinarias del año 2013, ya que la institución foral ha tenido que suprimir la de Navidad de este año "por imperativo legal".
Fuentes jeltzales han señalado que se buscarían los mecanismos para ese adelanto de las pagas, de manera que la de junio se cobrase en enero y la de diciembre en junio.
En todo caso, las mismas fuentes han precisado que tendría que ser una opción voluntaria de los funcionarios, que deberían solicitar ese adelanto para que se pudiera realizar. "Habría que buscar un mecanismo para que los 67.000 funcionarios dieran el visto bueno", han señalado.
