MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los investigadores del caso 'Malaya' consideran que el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, dio "una vuelta de tuerca más" en el "despliegue delictivo de la estructura criminal" que supuestamente dirigía, tras haber detectado "una clara penetración de la organización en un órgano jurisdiccional", a través del que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía, imputado por esta causa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según el informe policial, incluido en la causa, y al que tuvo acceso Europa Press, esta supuesta injerencia es "de enorme transcendencia, pues ataca a un pilar básico y esencial del Estado de Derecho". Se refiere la Policía, a presuntos pagos por parte de Roca a De Urquía, que supuestamente habría servido "a los intereses espúreos de quien se ha acreditado utiliza el soborno de forma reglada y habitual", con la finalidad de obtener "pingües beneficios económicos".
Como propuesta, los investigadores solicitaron una orden judicial de detención del juez De Urquía. No obstante, a la vista de este informe, el fiscal propuso remitir al TSJA estas investigaciones, al desprenderse indicios de los delitos de prevaricación y cohecho respecto de un juez. Esta petición se argumenta en varios extremos que se extraen de las conversaciones intervenidas, también incluidas en el sumario, y de los documentos encontrados en la entidad Maras Asesores, vinculada al presunto cerebro de la trama.
Así, en su informe, basado en las investigaciones policiales, el ministerio público habla de "una estrecha relación de amistad" entre Roca y De Urquía, puesto que, supuestamente, en una conversación intervenida al primero, a penas 10 días antes de su detención, el juez "asesora" a éste sobre el modo de proceder para subsanar ciertos defectos procesales para hacer efectivas las medidas cautelares interesadas".
Estas diligencias, explica el fiscal, se refieren al procedimiento tramitado en el Juzgado de Instrucción número 2 marbellí por denuncia del ex asesor contra un periodista de una televisión local por delito de injurias en el contenido de un programa denominado 'Misión imposible: Operación JAR', que podría ser "perjudicial" para éste.
Asimismo, indica el fiscal, Roca es "quien negocia y llega a redactar las condiciones económicas del contrato de compraventa de la que constituye vivienda actual de Francisco Javier de Urquía en Marbella". De hecho, de la investigación se desprende que fue el presunto cerebro el que "pagó parte del precio de la referida compraventa", aportando, supuestamente, 63.000 euros en dinero no declarado, más otros 10.800 euros por el aplazamiento del pago del precio de la vivienda, añade el entonces juez instructor, Miguel Angel Torres.
"Este pago aparece presuntamente relacionado con la actuación profesional del señor De Urquía" en el caso del programa de televisión, indica el sumario, pues se acordaron medidas cautelares por las que se suspendió la emisión del espacio. El fiscal añade que esto se llevó a cabo "pese a la existencia de defectos procesales" en la tramitación de dichas medidas por parte del denunciante, es decir, Roca.
Ante esto, el juez Torres acordó el desglose de esta parte del procedimiento, que dio origen a las diligencias que se siguen en el Alto tribunal andaluz contra De Urquía, por los delitos de prevaricación y cohecho; contra Roca, por malversación y cohecho; y contra otra persona más, que también aparece imputada. En ese procedimiento han declarado ya numerosos testigos en relación a los hechos expresados en el informe policial.
