MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía Nacional y la Ertzaintza han remitido sendos informes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la rueda de prensa que se celebró el pasado lunes en Bilbao en la que se convocaba una manifestación el próximo viernes en este municipio bajo el lema "Euskal Herria Autodeterminazioa". En ellos, informaron hoy fuentes fiscales, se sostiene que "hasta ahora, no se ha apreciado ningún vínculo objetivo" entre la convocatoria de la concentración y Batasuna.
Asimismo, en el informe de la Policía Nacional se menciona, como ayer denunció el presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti, que tres de los participantes en la rueda de prensa fueron "en el pasado" candidatos en elecciones municipales por las formaciones ilegalizadas Euskal Herritarrok y Herria Aurrera, aunque sostiene que actuaron en ella como particulares.
También afirma la Policía Nacional que en la rueda de prensa no se detectó la presencia de miembros de la Mesa Nacional de Batasuna ni de ninguno de sus responsables. En ella, según el informe policial, tampoco se exhibieron símbolos de la formación ilegalizada y recuerda que, hasta el momento, no se ha producido la "adhesión pública" de la organización 'abertzale' y que no se han observado carteles de ésta llamando a participar en la convocatoria.
El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos avanzó que, tras recibir estos nuevos informes policiales, el Ministerio Público no cambiará su postura respecto a la manifestación. Ayer, la Fiscalía remitió un informe al juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, en la que solicitaba que se permitiese la marcha, pero que ésta fuese disuelta si se exhibían símbolos de Batasuna o se gritaban consignas a su favor.
PEDRAZ TENDRÁ QUE DECIDIR SI LA PROHIBE
Asimismo, este mismo fiscal explicó que el juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo dictó hoy un auto en respuesta a las diligencias abiertas tras la comunicación del Gobierno vasco informando de la convocatoria de la manifestación, en el que el magistrado no se pronuncia sobre la autorización de la marcha, al considerar que se trata de una cuestión administrativa cuya competencia corresponde al Ejecutivo autonómico, aunque solicita que se remita a la Audiencia Nacional el atestado policial de la marcha o que se la informe en caso de que se prohíba su celebración.
Sin embargo, el encargado de decidir si prohíbe la manifestación será el juez Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien la semana pasada decretó la polémica excarcelación de los etarras Aitor Lorente y David Pla, imputados por el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad en 2001, a los que su compañero Baltasar Garzón había encarcelado, revocando a su vez una decisión previa de Pedraz decretando su puesta en libertad provisional.
El juez Central de Instrucción número 1 tendrá que resolver sobre la petición de las asociaciones 'Dignidad y Justicia' y 'Asociación Víctimas del Terrorismo' (AVT) y de las plataformas 'España y Libertad' y 'Rosas Blancas por la Dignidad', quienes piden que se prohíba la manifestación al entender que Batasuna es realmente quien las convoca.
Santiago Pedraz sustituye a su compañero Baltasar Garzón mientras éste se encuentra de vacaciones, por lo que también se hace cargo del sumario que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra Batasuna, en el que investiga la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas', controladas por la formación ilegalizada.
Una vez que la Policía confirme formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que los informes remitidos sobre la solicitud administrativa de la manifestación y sobre la rueda de prensa celebrada el lunes en Bilbao, el Ministerio Público solicitará que todos los documentos incorporados a las diligencias instruidas por el juez Del Olmo sean remitidos a su compañero Pedraz, para que se incorporen al sumario contra Batasuna.
