El organismo del que forman parte otras instituciones no podrá estar constituido para cuando entre en vigor la ley el día 10
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La totalidad de la Ley de Transparencia entra en vigor el próximo martes, 10 de diciembre, pero para entonces todavía no podrá estar constituido el órgano que debe velar por su cumplimiento denominado, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. De él deben formar parte, además de representantes de otras instituciones, un diputado y un senador, pero las Cámaras han decidido darse más tiempo para elegirlos y el PP, dado que el PSOE se ha negado a pactarlos bilateralmente, ha optado por abrir ya conversaciones con CiU y PNV para intentar llegar con ellos a un acuerdo.
Inicialmente el Congreso se había dado de plazo hasta este viernes para poner sobre la mesa el nombre del diputado elegido pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ese plazo se ha prorrogado hasta el próximo miércoles. En el Senado ni siquiera se había abierto oficialmente el proceso y la previsión es que la Mesa de la Cámara lo haga el próximo martes.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, remitió el pasado 21 de noviembre sendos oficios a las dos Cámaras apremiándolas a elegir a sus vocales dado que su intención era que el Consejo de la Transparencia estuviera constituido a más tardar el 10 de diciembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley.
EL DESMARQUE DEL PSOE
La elección podría haber sido rápida si se hubiera seguido el método que tradicionalmente se ha aplicado para designar a los representantes de la Cortes en la Agencia de Protección de Datos: un pacto entre los dos partidos mayoritarios para que cada uno colocase un parlamentario en cada Cámara.
Sin embargo, el PSOE se negó a pactar los nombres sólo con el PP y se descolgó el pasado martes ofreciendo al resto de partidos un nuevo sistema para designar a los futuros vocales. Su alternativa consiste en que cada grupo parlamentario proponga un candidato, y por insaculación, el elegido salga al azar. Al hacer pública su oferta, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ya dejó claro que si no tenía éxito y prevalecía del método bipartidista, el PSOE renunciaría a estar representado en el consejo.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, cuestionó públicamente el sistema planteado por el PSOE --alegando que el azar podía hacer que fuera elegido el mismo partido para las dos Cámaras--, defendió el pacto entre los dos grandes partidos y ya avisó de que si el PSOE mantenía su negativa al mismo, buscarían acuerdos con otros grupos.
Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que estos contactos ya han empezado con CiU y el PNV y que, si llegan a buen puerto, el PP eligiría al diputado que se incorporaría al consejo y los nacionalistas pondrían el nombre del senador.
En el caso del Congreso, cuando haya acuerdo, habrá que convocar a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para que designe oficialmente a la persona elegida que, después, como el resto de los miembros del Consejo de la Transparencia, deberá ser nombrada por el Consejo de Ministros, lo que podría no tener lugar hasta el 19 de diciembre.
TAMBIÉN PENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS
Pero las Cortes no son las únicas que deben elegir a su representantes en el Consejo de la Transparencia del que, de momento, sólo se ha nombrado a su presidenta que será, a propuesta del Gobierno, Esther Arizmendi.
El consejo está integrado por su Presidencia, por la Comisión de Transparencia --con siete vocales entre ellos el diputado y el senador--- y por dos subdirecciones generales: la de Reclamaciones y la de Transparencia y Buen Gobierno.
Los otros cinco vocales de la Comisión de Transparencia serán un consejero del Tribunal de Cuentas, y sendos representantes del Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, José Antonio Beteta, remitió hace unas semanas sendos oficios a estas instituciones para que se pusieran manos a la obra. Algunas como el Tribunal de Cuentas, todavía tienen pendiente decidir su candidato, mientras que el Defensor del Pueblo ya ha dado a conocer que su vocal en el consejo será su secretario general, José Manuel Sánchez Saudinós.
LOS VOCALES PODRÁN SERLO HASTA UNA DÉCADA
Los vocales serán nombrados por cinco años, igual que en este caso la presidenta del Consejo de la Transparencia pero, a diferencia de ésta, ellos si podrán prorrogar su mandato otro lustro.
Aunque el Estatuto del Consejo de la Transparencia no hace referencia al régimen retributivo de los vocales, el artículo 36 de la Ley de Transparencia deja claro que no tendrán "dedicación exclusiva" ni derecho a "remuneración". Sólo señala una excepción, la reunión que, al menos una vez al año, habrá de convocar la comisión a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
La presidenta del Consejo, por su parte, percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades
