14 de julio de 2020
29 de junio de 2020

El PP admite la necesidad de mejorar las residencias tras el Covid, pero sin penalizar a las privadas

En sus enmiendas defiende potenciar la colaboración público-privada y material de protección en centros tanto públicos como privados

El PP admite la necesidad de mejorar las residencias tras el Covid, pero sin penalizar a las privadas
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, llegan al Congreso de los Diputados. En Madrid, (España), a 17 de junio de 2020. - DANI DUCH / POOL

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP admite la necesidad de mejorar el funcionamiento y la calidad asistencial de las residencias de mayores, pero sin penalizar las privadas. Además, apuesta por potenciar la colaboración público-privada y defiende la realización de pruebas diagnósticas de "manera obligatoria y diligente" a las personas mayores que residan en esos centros y tengan síntomas de coronavirus.

Así se recoge en el amplio paquete de enmiendas --buena parte de adición-- que el partido que dirige Pablo Casado ha presentado a las conclusiones del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la comisión de reconstrucción del Congreso. El Grupo Popular las justifica alegando en la mayoría de los casos que se trata de "mejoras técnicas".

"Procurar mejoras en el funcionamiento y la calidad asistencial de los servicios de atención social (residencia de mayores, servicios de ayuda a domicilio, etc.) e impulsar la libertad de elección de los ciudadanos en estos servicios", reza textualmente una de las enmiendas del PP al capítulo relativo a la tercera edad.

En el mismo capítulo aboga por "desarrollar la figura del asistente personal" y por "potenciar la colaboración público-privada para dar respuesta a las crecientes necesidades de plazas en centros especializados ligadas al envejecimiento progresivo de la población y a la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas".

MASCARILLAS Y GUANTES EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS

El PP también propone como enmienda de adición "realizar pruebas diagnósticas de manera obligatoria y diligente a las personas mayores y a las personas con discapacidad que residan en centros residenciales y presenten síntomas de Covid-19".

Además, pide que se incluya en las conclusiones garantizar "el abastecimiento de equipos de protección individual (mascarillas, guantes, gafas, pantallas...) en los centros de servicios sociales --tanto públicos como privados-- para procurar que los profesionales estén debidamente protegidos y evitar la extensión del virus entre las personas mayores, especialmente las más vulnerables".

El PP también quiere que figure expresamente la propuesta de "promover un pacto de Estado por los servicios sociales que incluya una evaluación de la Ley de dependencia, una revisión de su sistema de financiación y una gestión eficaz y sostenible en todas las Comunidades Autónomas", así como la aprobación de una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional "que garantice prestaciones comunes con carácter uniforme para toda España".

En otro punto, los 'populares' abogan por "reforzar la red de servicios sociales, especialmente en el ámbito de las plantillas de profesionales, con el fin de dar cobertura a las necesidades básicas".

VINCULACIÓN INGRESO MÍNIMO A LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

El PP propone una enmienda de modificación al Ingreso Mínimo Vital relativo a "reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital, así como su vinculación a las políticas activas de empleo y a los itinerarios de inserción-sociolaboral de los beneficiarios para favorecer su incorporación al mercado labora".

Como enmiendas de adición, el PP plantea "diseñar políticas activas de empleo con las que evitar la discriminación laboral por embarazo o maternidad, estableciendo por ley una protección específica en la reincorporación de las mujeres a la actividad profesional"; e impulsar un Pacto de Estado para acabar con la brecha salarial.

También ha registrado en otras enmiendas de adición "orientar fondos europeos para la formación e inserción laboral de los jóvenes"; "impulsar un nuevo plan de apoyo a las mujeres emprendedoras"; y "poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la pobreza, con especial atención a los jóvenes y a los casos crónicos".

Además, apuestan por la aprobación de un nuevo plan de inclusión social e inserción sociolaboral; impulsar de forma urgente un pacto nacional para la conciliación de la vida familiar; y lanzar una estrategia nacional para la inclusión social de personas vulnerables "con medidas específicas de salud, educación, vivienda y empleo".

El Grupo Popular reclama asimismo que se garantice que la ley orgánica integral sobre la violencia contra la infancia "estará enfocada hacia la prevención, la detección y la protección; incluirá sanciones; abarcará los ámbitos escolar, familiar, cibernético y comunitario, y contemplará previsiones específicas para grupos vulnerables como los menores con discapacidad y problemas de salud mental, minorías étnicas, víctimas de trata, menores extranjeros no acompañados, etc ".

PROTECCIÓN A LA FAMILIA

El Grupo Popular propone añadir un punto de protección a la familia en el que defiende impulsar una Ley de familias para la protección a la familia, que fomente la natalidad y adapte las políticas sociales a la realidad social, con especial atención a los nuevos modelos familiares.

Como nueva enmienda, el PP plantea también impulsar una nueva ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas".

Además quiere que en las conclusiones a este grupo de trabajo figure la aprobación de un programa de refuerzo y apoyo educativo "en todos los niveles educativos para minorar las consecuencias negativas derivadas de la crisis sanitaria, que permita alcanzar en su caso los objetivos y el grado de adquisición de los conocimientos y competencias esenciales de cada curso, reforzando los planes tutoriales y los servicios de orientación".

GARANTIZAR LA LIBRE ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR

En este apartado educativo propone además crear un Fondo de Cohesión Territorial para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el territorio español".

Además, sostiene que se debe "garantizar a las familias la libre elección del centro escolar, asegurando el derecho de que son las familias quienes deben elegir el modelo que deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias y respetar el carácter propio de cada centro".

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