MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP ha preparado varios 'argumentarios' en las últimas semanas sobre el proyecto de Estatuto catalán que, el próximo 18 de junio, se someterá a referéndum. En uno de ellos, se analiza el apartado del poder judicial y se establece, entre otras cosas, que se busca "romper" el carácter nacional del Cuerpo de Jueces, "como ya ocurrió con los obispos".
"Especial preocupación reviste que el Consejo de Justicia de Cataluña sea quien convoque los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados, pues si de acuerdo con el artículo 102.1 tales jueces y magistrados deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán --determina--, no sólo se rompe el carácter nacional del cuerpo de jueces, sino que la posible discriminación a la hora de valorar que sea 'adecuado' y cuando es 'suficiente', permite afirmar sin temeridad alguna que estamos en el camino de ¡sólo jueces catalanes!, como ya ocurrió con los obispos".
En el citado 'argumentario', al que tuvo acceso Europa Press, se apunta además que el artículo 147.2 de la Constitución limitó, cuando regulaba la organización institucional de las comunidades autónomas, el contenido de los Estatutos de Autonomía a la regulación de la Asamblea Legislativa, del Consejo de Gobierno y del Presidente. "Es decir, la regulación del Poder Judicial es por remisión a las Leyes orgánicas correspondientes, pero en ningún precepto prevé la existencia de un Poder Judicial propio", se avisa.
"La regulación del Estatuto rompe el principio de la unidad jurisdiccional recogido en la Constitución y esencial para la vertebración política de cualquier país, pues sienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán con su propio órgano de Gobierno, el Consejo de Justicia", se apostilla.
En la misma línea, se añade que si resulta aprobado el proyecto de Estatuto, Cataluña podrá determinar la demarcación judicial de su territorio, seleccionar a sus propios jueces y magistrados y contar con un Tribunal Superior que culmina todas las instancia y recursos, "lo que la configura como un verdadero Tribunal de Casación".
"El Tribunal Supremo ve limitada su competencia al recurso para la unificación de doctrina, lo que exige que, previamente, existan varias sentencias dispares de uno o varios Tribunales Superiores --continúa--, lo cual impide que puedan llegar a aquel Tribunal cuestiones sobre la interpretación o aplicación de la Ley no resueltas con carácter previo. Ademas los efectos de la sentencia en el recurso de unificación de doctrina no se extienden a las sentencias anteriores, sino sólo a la que motivó el recurso. Es una clara violación del artículo 123.1 de la Constitución, que atribuye al Supremo competencia jurisdiccional en todos los órdenes y toda España".
FISCAL SUPERIOR DE CATALUÑA Y JERARQUÍA
En lo que concierne a la figura del Fiscal Superior de Cataluña, se asevera que su aparición como "representante" del Ministerio Fiscal supone "una puerta abierta a su autonomía y a la ruptura de los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica".
Asimismo, se señala que el Consejo Superior de Justicia termina con la unidad del gobierno del Poder Judicial, pues ejercerá en Cataluña "funciones del Consejo General del Poder Judicial". "El Estatuto detalla prolijamente sus competencias y las remisiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial son mera tapadera, ya que el Estatuto contiene un régimen jurídico completo que incluye sus atribuciones, composición, organización, funcionamiento y control de actos", se recalca.
"El Estatuto concede a la Generalitat la más amplia capacidad normativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, incluido su organización en Cuerpos y Escalas, la ordenación de su actividad y funciones --se enfatiza--, lo que abre la puerta a una nueva ruptura, la creación de Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Generalitat, frente a los Cuerpos Nacionales actualmente existentes".
Finalmente, el PP avisa que con el nuevo Estatut se verá "gravemente afectado" el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de igualdad ante la Ley. "Por ejemplo, los Tribunales de Cataluña podrían no considerar como delito lo que si lo es en el resto de España", concluyen.
