MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular está estudiando si es posible recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que considera una "persecución" por parte del Gobierno contra los militantes de su partido, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección popular.
Desde que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunciara, a principios del mes de agosto, las sospechas de que había teléfonos de dirigentes del PP que estaban pinchados, los populares están estudiando qué medidas judiciales adoptar.
Rajoy, tras respaldar la denuncia de la dirigente popular, recordó que ya han emprendido algunas acciones judiciales y que "no renuncian a nada", pero no quiso desvelar qué otro tipo de actuaciones podrían llevar a cabo en el ámbito judicial.
Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press explicaron que, entre las posibilidades que están estudiando está recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Entre otros argumentos, alegan que las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a sus militantes está provocando que haya "juicios paralelos" en los medios de comunicación y que los imputados aparezcan como culpables ante la opinión pública antes de que se pronuncie un tribunal.
En este sentido, argumentan que precisamente sobre el asunto de los "juicios paralelos" ya se ha pronunciado en alguna ocasión el citado Tribunal Europeo.
En una de esas ocasiones en las que el Tribunal de Estrasburgo ha abordado este asunto, la Corte advirtió del peligro que supondría que la sociedad "se habituara al espectáculo de los pseudo-juicios en los medios de comunicación", ya que a largo plazo, esto podría traer "consecuencias nefastas para el reconocimiento de los tribunales como los órganos capacitados para determinar la culpabilidad o inocencia" de un acusado en un proceso penal.
Así lo expone, por ejemplo, en el caso Sunday Times contra Reino Unido en 1979 y más recientemente en la sentencia del caso Worm contra Austria del 29 de agosto de 1997, en la que Estrasburgo avaló el dictamen del Tribunal de Apelación austriaco, que condenó al periodista Alfred Worm a una multa por "influencia abusiva en un procedimiento penal".
Worm, que recurrió a Estrarburgo al considerar violado su derecho a la libertad de expresión, expuso en un artículo de prensa juicios de valor negativos sobre las respuestas dadas por un acusado (un ex ministro de Finanzas inculpado por fraude fiscal) en el curso de un interrogatorio practicado por un juez con el fin de argumentar que la "única hipótesis posible" era su culpabilidad, unos meses antes de que se conociera la sentencia.
Las fuentes populares consultadas por Europa Press, también expusieron que esta cuestión de los "juicios paralelos" ya fue abordada también varias veces por el Consejo General del Poder Judicial. Así, las fuentes consultadas recuerdan dos pronunciamientos del CGPJ a este respecto.
Uno de ellos se produjo en enero de 1995 y en él, el Consejo expresaba "sin ambages su criterio negativo acerca de los fenómenos de 'juicios paralelos', que no sólo pueden lesionar legítimos derechos, sino también contrariar la independencia del quehacer judicial y empañar la imagen social de la Justicia".
Un segundo pronunciamiento que del CGPJ tuvo lugar en julio de 1997, cuando aseguraba en un informe que el Consejo "en consonancia con lo declarado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de manifestar su preocupación ante el riesgo de que la serena Administración de la Justicia pueda verse perjudicada, creándose una grave confusión y falsas expectativas en la opinión ciudadana, cuando los intervinientes en un proceso se ven sometidos en los medios de comunicación a un pseudo-juicio o juicio paralelo sin garantía alguna".
