SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP exigió hoy a la Junta de Andalucía que dé un giro de 180 grados para hacer frente al "caótico estado" de la justicia en la comunidad, algo que es fruto de la "desatención y del abandono" que ha sufrido por parte del Ejecutivo autonómico y que ha tenido "consecuencias tan lamentables" como que el pederasta y supuesto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, estuviera en libertad pese a tener una condena de cárcel.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, manifestó a Europa Press que la Junta tiene que empezar, de cara a los Presupuestos de la comunidad para 2009, por "tomarse en serio el déficit de medios e infraestructuras de la justicia en Andalucía".
Según dijo, después del informe de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "que involucra a la Junta en la cadena de errores cometidos en relación con el caso de Santiago del Valle, la consejera de Justicia en funciones, María José López, no puede seguir mirando para otro lado, permanecer impasible y buscando sólo culpables ajenos, cuando está claro que se ha producido un cúmulo de despropósitos de todas las partes".
"El informe del CGPJ pone en evidencia la grave deficiencia del sistema, incluido el marco de las competencias autonómicas, en relación con la necesaria y eficaz informatización de los juzgados", señaló Sanz, para quien también se constata "la insuficiencia absoluta y escandalosa de medios técnicos y personales para hacer frente al elevadísimo número de sentencias pendientes de ejecución que existen en todos los juzgados de Andalucía".
Sanz lamentó que la Junta nunca se haya tomado en serio la justicia desde que asumió las competencias hace once años, lo que está llevando, según apuntó, a que muchos de los funcionarios "estén haciendo un esfuerzo sobrehumano en condiciones de trabajo lamentables en cuanto a higiene y seguridad y con una clara insuficiencia de medios materiales y personales".
A esto se une, según apuntó, el "intolerable retraso en la ejecución del plan de infraestructuras que la Junta puso en marcha en 2001 y que estaba previsto que finalizara en 2008, si bien en este momento aún tiene pendientes el 70 por ciento de las reformas y renovación de infraestructuras, incluidas las ciudades de la justicia".
Insistió en que es "impresentable la actitud de la consejera porque sólo ha querido buscar como culpable al juez, pretendiendo ocultar la propia incompetencia de la Junta a la hora de cumplir sus competencias y responsabilidades que ahora el CGPJ ha demostrado que también existían".
