MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular intentará el próximo martes que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a remitir a las Cortes antes del próximo mes de junio la nueva Ley de Financiación Local y la reforma de la Ley Básica de Gobierno y Administración local con el objetivo de que ambas se tramiten conjuntamente y sirvan para que las haciendas locales puedan hacer frente al incremento del gasto social provocado por la crisis económica.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recalcó que esta es también una petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recordó que propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a que ambas normas se tramitasen "en paralelo".
Tras mostrar su confianza en que la moción del PP, consecuencia de la interpelación que dirigieron a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el último Pleno antes de Semana Santa salga adelante, la dirigente 'popular' explicó que se están cerrando agendas para que los alcaldes de PP acudan al Congreso para plantear sus reivindicaciones en esta materia y que, en cualquier caso, algunos de ellos estarán presentes el martes en la Cámara habida cuenta de compatibilizan sus escaños con distintas alcaldías.
En su moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el primer partido de la oposición insta al Gobierno a remitir al Congreso ambos proyectos de ley antes de que finalice el presente periodo de sesiones y que acompañe de una memoria económica el relativo a la Ley Básica de Gobierno y Administración Local.
Para el PP la decisión del Ejecutivo de retrasar al menos hasta el año que viene la nueva financiación local es "absolutamente injusta" y "pone en serio riesgo la capacidad de financiación de las competencias municipales y la prestación de los servicios públicos esenciales que demandan los ciudadanos", máxime en tiempos de crisis como el actual.
REDISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
Esta nueva normativa debería orientarse, según el PP, ha garantizar la autonomía local avanzando en la denominada segunda descentralización y atribuyendo a los entes locales las "funciones, competencias y responsabilidades que mejor pueden gestionar en beneficio de los ciudadanos".
También deberían traducirse, a juicio del primer partido de la oposición, en una modernización de las instituciones y en una reorganización de las relaciones de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales.
"La futura Ley Básica de Gobierno y Administración Local debe profundizar en una verdadera articulación política y competencial de los gobiernos locales dentro de la arquitectura territorial del Estado, convirtiéndose en un verdadero Estatuto Básico del Gobierno local", argumenta el PP, que advierte de que eso no será suficiente si no se acompaña de "un nuevo modelo de financiación, capaz de garantizar el correcto desarrollo de las administraciones locales españolas".
