MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP llevará la próxima semana a debate y votación en el Pleno del Congreso una reforma del Código Penal para volver a castigar la convocatoria ilegal de referendos, un cambio legal que también prometió el socialista Pedro Sánchez durante la campaña electoral de los comicios de noviembre.
De hecho , y dado el actual mapa parlamentario, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, asume que hay pocas posibilidades de que su iniciativa prospere, pero sí han querido "dejar en evidencia" al líder del PSOE, que en campaña prometió una cosa y en el Gobierno hace lo contraria.
"Servirá para dejar en evidencia hasta qué punto el PSOE ha pegado un muy acentuado bandazo en beneficio de sus aliados y socios -los separatistas, los sediciosos, personas condenadas, delincuentes- en contra de lo que el PSOE y Sánchez decían, y en contra del fortalecimiento del sistema democrático", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.
La iniciativa es una reforma puntual del Código Penal para volver a castigar con cárcel los referendos ilegales, proponiendo penas de prisión e inhabilitación para quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten consultas sin cobertura legal.
Esta penalización la introdujo el Gobierno de José María Aznar en 2003 al hilo del llamado 'Plan Ibarretxe', pero fue derogada años después por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras llegar a la Moncloa. El PP considera que "los acontecimientos recientes de la historia de España" demuestran que promover conductas como la convocatoria ilegal de referéndum revisten "suficiente entidad como para merecer un reproche penal" y tener un efecto disuasorio.
LA REGULACIÓN QUE PROPONE EL PP
En concreto, el PP propone introducir de nuevo en el Código Penal el artículo 506 bis para que la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencia para ello, convoque o autorice la convocatoria de elecciones o consultas populares por vía de referéndum sea castigado con la "pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta".
Además, la autoridad o funcionario público que, sin realizar esa convocatoria, facilite, promueva o asegure ese proceso por vía de referéndum será castigado con "pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta".
También propone un artículo 521 bis que penaliza a quienes participen como "interventores o faciliten promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso", de forma que serán castigados con la "pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".
