MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo al recurso de casación y que generaliza la doble instancia penal, y la del BNG contra la reforma de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura. El encargado de defender en la Cámara Baja las propuestas del Gobierno será el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
En cuanto a la enmienda a la totalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el recurso de casación y la doble instancia penal, el Grupo Popular solicita en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la devolución del mismo al Gobierno por la "pésima técnica legislativa que entraña". Así, señala que el proyecto del Gobierno aborda "sin la debida sistemática nada menos que la reforma de 20 textos legales".
La reforma del Gobierno, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 16 de diciembre, une en un solo texto las reformas de 21 leyes procesales y las modificaciones realizadas en el recurso de casación y la doble instancia penal.
Según el ejecutivo, uno de los objetivos de la presente reforma procesal es la generalización de la segunda instancia penal, para lo que se amplía el recurso de apelación, que se extiende a todo tipo de delitos, incluso las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, recurribles ante los Tribunales Superiores de Justicia, y las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que podrán ser revisadas por una nueva Sala de Apelación.
La enmienda a la totalidad de los populares, además de advertir sobre el "impacto negativo" para el ordenamiento jurídico que se produciría con su entrada en vigor, añade que la nueva regulación afecta "de modo relevante" al Tribunal Supremo y a su "tarea fundamental que es la defensa de la ley mediante la unificación de sus criterios de interpretación y aplicación".
De esta forma, la función "unificadora e interpretadora de la aplicación de la ley" del Tribunal Supremo como "garante de la igualdad en la aplicación judicial de la ley" puede "resentirse como resultado de reformas como la que contiene, o pretende, el proyecto de ley cuya devolución se interesa".
Según el PP, la Constitución define al alto tribunal como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, mientras que su jurisdicción se extiende a toda España. Esta proclamación, que no está hecha "a efectos honoríficos o protocolarios", responde a la "tarea fundamental de asegurar una interpretación unitaria del ordenamiento jurídico".
Además de garantizar la igualdad de todos ante la ley y los principios de seguridad jurídica, el Supremo tiene también como función la "unidad del Poder Judicial". Es decir, sostiene que dicha unidad no sólo se garantiza con órganos de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial, sino por la jurisprudencia.
"Y la unidad del ordenamiento que debe ser objeto de la intervención del Tribunal Supremo es consecuencia innegable del hecho mismo de que la justicia sea, con arreglo al artículo 149,5 de la Constitución, competencia exclusiva del Estado", señala el escrito del PP, que añade que el Poder Judicial es un "poder único que no puede ser objeto de división vertical desde un punto de vista territorial".
En este sentido, el Grupo Popular entiende que "la propia dinámica del ordenamiento que preside la Constitución" exige que al final "haya una sola voz, una sola respuesta jurídica para cada problema, que no puede ser otra que la del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional en todos los órdenes".
PASO ATRÁS EN UNA SITUACIÓN LAMENTABLE
Asimismo, el ministro de Justicia también defenderá el Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, frente a la enmienda a la totalidad presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), quien solicita que el Congreso devuelva la iniciativa legislativa al Gobierno.
En su escrito, al que ha podido acceder Europa Press, el Bloque considera la iniciativa como un "paso atrás en una situación ya bastante lamentable", pues "inviabiliza" la adecuación de la abogacía a su "realidad nacional" y "produce efectos discriminatorios".
Asimismo, al igual que CiU y ERC, pide que las medidas contempladas en el proyecto de ley "respeten las competencias" de las comunidades autónomas, tales como que éstas participen en el diseño del examen de aptitud o de los contenidos de la formación práctica posterior a la Universidad.
Otra de las reclamaciones de los nacionalistas gallegos, y en la que también coinciden con CiU y ERC, es su petición de que la ley recoja una referencia a la concesión de becas por parte del Estado para la realización de los cursos de formación, y así evitar que éstos se conviertan en una vía de discriminación para los licenciados o graduados más desfavorecidos.
El proyecto de ley del Gobierno prevé, entre otras cosas, que los licenciados en Derecho que quieran ejercer la abogacía deberán aprobar un examen y realizar un año de formación práctica posterior a la carrera, impartida por la Universidad y los colegios de abogados.
