El Gobierno mantiene sus planes de aprobar este viernes la composición del organismo, aunque no haya acuerdo con la oposición
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP tiene decidido proponer al diputado que formará parte del Consejo de la Transparencia, una vez que ha rechazado este martes la propuesta del PSOE de pasar a un sistema de elección por sorteo o de forma rotatoria. Eso sí, asegura que "intentará" que el puesto reservado al Senado lo ocupe otro partido.
Este miércoles entra en vigor la totalidad de la Ley de Transparencia y el Buen Gobierno, cuya aplicación en la Administración será vigilada por ese Consejo de la Transparencia del que, de momento, sólo se conoce el nombre de la presidenta: la experimentada funcionaria Esther Arizmendi.
En ese Consejo se reservan dos plazas para el Parlamento, uno para el Congreso y otro para el Senado. Lo habitual es que los dos grandes partidos se repartan esas plazas, como así se hizo a principios de legislatura con la Agencia de protección de datos, de formato similar.
Pero el PSOE no quiere un pacto bilateral con el PP y propuso cambiar el sistema de elección para sortear las dos plazas, una idea que el Grupo Popular ha rechazado este martes en la Junta de Portavoces del Congreso.
"El procedimiento de sorteo no nos parece apropiado porque no garantiza el apoyo de la mayoría de la Cámara", ha explicado el secretario gen eral del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro.
Así las cosas, el PP propondrá el nombre del diputado aprovechando el plazo que concluye este miércoles. Es muy posible que el candidato de los 'populares' sea examinado el jueves en la Comisión de Hacienda con idea de que sea incluido en el listado de miembros del Consejo que el Gobierno tiene intención de aprobar este mismo viernes en el Consejo de Ministros.
Paralelamente, y ante la negativa del PSOE a un acuerdo bilateral, el PP abrió conversaciones con los nacionalistas catalanes y vascos para ellos propusieran al senador, pero no se descarta que al final el Consejo arranque con esa vacante. "Intentaremos que en aras al pluralismo, el candidato del Senado no sea del PP", ha indicado.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha criticado que el PP se haya negado a abrir a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de formar parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. "El PP dice que quiere promover la transparencia y el buen gobierno, pero en realidad quiere seguir repartiéndose los puestos dentro de ese Consejo", ha dicho.
Pero las Cortes no son las únicas que deben elegir a su representantes en el Consejo de la Transparencia, que incluye otros cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió hace unas semanas sendos oficios a estas instituciones para que se pusieran manos a la obra. Algunas como el Tribunal de Cuentas, todavía tienen pendiente decidir su candidato, mientras que el Defensor del Pueblo ya ha dado a conocer que su vocal en el consejo será su secretario general, José Manuel Sánchez Saudinós.
LOS VOCALES PODRÁN SERLO HASTA UNA DÉCADA
Los vocales serán nombrados por cinco años, igual que en este caso la presidenta del Consejo de la Transparencia pero, a diferencia de ésta, ellos si podrán prorrogar su mandato otro lustro.
Aunque el Estatuto del Consejo de la Transparencia no hace referencia al régimen retributivo de los vocales, el artículo 36 de la Ley de Transparencia deja claro que no tendrán "dedicación exclusiva" ni derecho a "remuneración". Sólo señala una excepción, la reunión que, al menos una vez al año, habrá de convocar la comisión a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
La presidenta del Consejo, por su parte, percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
