También pide al Gobierno que fije criterios para la existencia de vinculación entre fundaciones y formaciones políticas
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular quiere sacar del Plan de Contabilidad que será obligatorio para las formaciones políticas la información relativa a la actividad económica de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, los Parlamentos Autonómicos, las Juntas Generales y las Corporaciones Locales, contra el criterio del Tribunal de Cuentas.
Según este Plan de Contabilidad de los partidos, cuyo proyecto presentará este martes al Parlamento el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, "la actividad económica de los grupos parlamentarios está vinculada a la actividad política del partido que ha presentado la correspondiente candidatura electoral, independientemente del grado de autonomía implantado en la toma de las decisiones económicas".
"En consecuencia, a efectos de la representatividad de los estados financieros de los partidos políticos, se considera que las cuentas anuales consolidadas son las que mejor reflejan, en todos los aspectos significativos, la actividad económico-financiera del partido político", señala.
El Tribunal de Cuentas no podrá aprobar su Plan de Contabilidad de los partidos hasta que en próximas sesiones la Comisión Mixta no vote las aportaciones que realicen al mismo los distintos grupos parlamentarios.
Sin embargo, el PP ha aprovechado que este martes se discuten las propuestas de resolución al informe de fiscalización de las cuentas de los partidos y sus fundaciones correspondiente a 2007 para avanzar su deseo de que la actividad económica de los grupos parlamentarios no se incluya en ese Plan de Contabilidad.
TRAS RECORTAR SUBVENCIONES A PARTIDOS
El debate sobre esta propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, va a tener dos días de que se apruebe definitivamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que incluye una nueva rebaja en las subvenciones que reciben las formaciones políticas.
Concretamente, las subvenciones que el Estado distribuye a los partidos políticos para su funcionamiento han caído un 60 por ciento en apenas año y medio como consecuencia de los sucesivos recortes acometidos por el Gobierno del PP. Esta partida se ha reducido en 76,67 millones de euros desde lo que se repartió en 2011 hasta lo que se prevé para el próximo año.
Además, el PP plantea la exclusión del Plan de Contabilidad de la actividad económica de los grupos parlamentarios en un momento en el que no sólo cuenta con mayoría absoluta en las Cortes, sino que también domina la gran mayoría de los Parlamentos autonómicos.
El Plan de Contabilidad para las formaciones políticas, que el Tribunal de Cuentas tiene que aprobar en virtud de lo pactado en la última reforma de la Ley de Partidos, también prevé la inclusión en las cuentas anuales consolidadas de las organizaciones políticas de "la actividad desarrollada por las sociedades controladas" por los partidos y "por las fundaciones que tengan la calificación de entidades vinculadas".
Precisamente, en otra de las propuestas de resolución que someterán a votación este martes, los 'populares' piden al Gobierno que promueva las modificaciones normativas oportunas para establecer unos criterios destinados a determinar la existencia de vinculación entre fundaciones o asociaciones y partidos políticos.
PRESENTAR LAS CUENTAS EN PLAZO
Por otra parte, PP y PSOE coinciden en sus propuestas de resolución en instar a los propios partidos políticos a rendir cuentas de su actividad ordinaria al Tribunal de Cuentas dentro de los plazos legalmente establecidos.
Los socialistas también hacen hincapié en que se entregue al órgano fiscalizador toda la información que exige la ley especialmente la referida a las subvenciones públicas y las donaciones privadas.
Además, el primer partido de la oposición quiere que las Cortes insten al Tribunal de Cuentas a potenciar los recursos destinados a la fiscalización de los partidos y sus fundaciones de manera que la aprobación de los informes no se demore años, como sucede ahora, sino que se aprueben en un marco temporal lo más próximo posible a la rendición de cuentas.
