IU quiere que el Congreso obligue al Gobierno a supeditar la exportación de armas al respeto a los derechos humanos
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere someter a autorización parlamentaria previa las operaciones de venta de material de defensa a países distintos de la Unión Europea que supongan contratos de más de diez millones de euros, según se recoge en una de sus propuestas de resolución al informe de las exportaciones de 2007 de material de defensa y de doble uso, presentado la pasada semana en el Congreso por la Secretaría de Estado de Comercio.
Por primera vez, y conforme a lo que establece la reciente ley sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, los grupos parlamentarios del Congreso han podido presentar propuestas de resolución al informe anual de exportación de armas, en total han registrado 62, con idea de que la Comisión Defensa, en una reunión prevista para la próxima semana, elabore un dictamen con recomendaciones al Gobierno.
Entre su veintena de propuestas de resolución, a las que tuvo acceso Europa Press, el PP ha incluido la conveniencia de que las industrias del sector elaboren un Código Ético en relación con la exportación de bienes de Defensa. Además, propone que se establezca un mecanismo de autorización previa para evitar que las licencias de venta puedan ser denegadas después que el fabricante haya firmado el contrato. En el caso de contratos superiores a los diez millones de euros con países ajenos a la UE, el PP propone establecer ese mecanismo de autorización parlamentaria previa.
También Izquierda Unida quiere que se vigile quién es el destinatario de la venta de material de Defensa. En concreto, la formación que lidera Gaspar Llamazares quiere que el Congreso de los Diputados obligue al Gobierno a supeditar la exportación de material de Defensa a la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de los países.
En el texto, que recoge Europa Press, IU solicita al Ejecutivo que informe al Congreso de los criterios en los que se basó para transferir material de defensa en 2007 a países como Colombia, Egipto, Israel, Marruecos o Pakistán y le pide que aclare si tuvo en cuenta si tuvo en cuenta la situación de los derechos humanos en estos países a la hora de autorizar la venta o cesión de armamento.
Asimismo, la coalición de izquierdas reclama al Gobierno que justifique todas las transferencias de material armamentístico sobre las que no se exigieron documentos de control en 2007 y a incluir esos datos en las estadísticas correspondientes a las operaciones de este año.
Además, le emplaza a entregar a la Cámara Baja el informe de las estadísticas oficiales de material de defensa y de doble uso del primer semestre de 2008 antes de que finalice el presente año exigiendo que en el mismo se detalle el tipo de producto exportado.
PSOE: TRATADO MUNDIAL SOBRE COMERCIO DE ARMAS
Por su parte, el PSOE urge al Gobierno a ratificar a la mayor celeridad la Convención sobre municiones de racimo, a dotar de mayor transparencia e informe en materia de armamentos, especialmente en las transferencias de armas pequeñas y armas ligeras, y a lograr la máxima participación posible de los diferentes países en el Registro de Armas Convencionales.
Asimismo, los socialistas proponen al Gobierno a promover un Tratado Mundial sobre el Comercio de Armas y a incluir en el próximo informe de estadísticas de exportación de material de defensa, otro material y doble uso los registros de los que dispone para realizar las transferencias y una consideración específica sobre la aplicación de cada uno de los criterios del Código de Conducta Europeo.
Por último, el Grupo Socialista emplaza al Ejecutivo a estudiar la exclusión de las réplicas de armas históricas o antiguas en el próximo reglamento sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y a analizar las posibles alternativas a las situaciones creadas en las exportaciones de máquina-herramienta.
EXCLUIR A FABRICANTES DE ESCOPETAS
El PNV, de su lado, ha propuesto que se "se exima a la industria armera que se dedica a la fabricación de escopetas de caza, de tiro deportivo y sus municiones, de la obligatoriedad de presentar informes previos y documentos de control ante la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior del material de Defensa y doble uso (JINDU)".
Los nacionalistas vascos se quejan de que, con la actual legislación, las empresas fabricantes de este tipo de armas tienen que pasar los mismos controles para su comercialización que las armas de guerra y de doble uso, por lo que quieren subsanar esta situación dado que varias de estas empresas están ubicadas en la zona guipuzcoana de Eibar.
