MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Senado ha rechazado este miércoles en la Comisión Constitucional de la Cámara todas las enmiendas que los grupos parlamentarios habían presentado al proyecto de reforma de la Ley de financiación de los partidos, firmada por PSOE, CiU, la Entesa y el PNV, de modo que el texto pasará a debatirse en el Pleno, probablemente dentro de dos semanas.
Todos los grupos parlamentarios han optado por dar por defendidas sus enmiendas y esperar al debate del Pleno para exponer su postura sobre la Ley, de modo que simplemente han procedido a la votación de sus propuestas de modificación y del propio texto legislativo.
Así, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta y las enmiendas del Grupo Mixto, la Entesa, CiU y PSOE han quedado rechazadas. A continuación, el proyecto de reforma de la Ley de financiación de partidos ha salido adelante en la Comisión Constitucional con 20 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
El texto ha llegado al Senado para ser finalmente aprobado después de superar todo el trámite parlamentario. El proyecto de ley fue aprobado en diciembre por el Gobierno para reducir un 20 por ciento la financiación pública de los partidos políticos y, durante su paso por el Congreso, amplió el recorte a las subvenciones que reciben las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, como la FAES que preside José María Aznar o la Fundación Ideas del PSOE.
VINCULAR FINANCIACIÓN A PIB
Entre sus enmiendas, la oposición pedía al Gobierno que la financiación de los partidos políticos se adecuara cada año a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y que así quedara recogido en la ley que la regulara, con el objetivo de "vincular" estas subvenciones a la evolución de la economía española.
Además, todos los grupos de la oposición también sugerían en una propuesta de modificación pedir al Gobierno que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada ejercicio fije el importe global de las subvenciones a los partidos, adecuándolas anualmente a la evolución del PIB.
La Ley salió del Congreso con un amplio acuerdo de medidas para reforzar el control de las finanzas de los partidos y sus fundaciones, aplicándoles los mismos principios de la futura ley de Transparencia, que a priori no les afectaría al ser entidades privadas.
Así, una vez que su actividad anual sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, las formaciones harán públicas sus cuentas en su página web con información sobre su balance económico, su cuenta de resultados y los créditos que tienen firmados con entidades financieros, incluyendo, si es el caso, datos de las operaciones de condonación de deuda.
Se obligará asimismo a los partidos a que, además de enviar cada año al Tribunal de Cuentas un informe global sobre su financiación privada, comuniquen a la institución fiscalizadora cada donación de más de 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas (en los tres meses posteriores a la recepción); a su vez, el Tribunal llevará un registro para comprobar que no se supera el tope anual de 100.000 euros.
PONER LÍMITE A LA CONDONACIÓN DE CRÉDITOS
Respecto a estas operaciones de condonaciones de deuda, tanto del capital como de los intereses, se acordó también poner un límite anual de 100.000 euros, equiparándolo así al tope fijado para donaciones privadas. En cuanto a las aportaciones privadas que reciben los partidos, se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos.
Otra novedad es que en los casos de vulneración del límite anual de donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal de Cuentas en tiempo y forma.
Respecto de las fundaciones de los partidos, se decidió que, al igual que las formaciones políticas, habrán de someterse a auditoria privada y que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no sólo las donaciones como hasta ahora.
