GRANADA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP de Granada reiterará a la Fiscalía su petición de que investigue el patrimonio de los imputados en el 'caso Nevada', entre los que se encuentran el que fuera alcalde de Armilla (Granada) José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, ambos socialistas, además del empresario Tomás Olivo, implicado además en el 'caso Malaya', en un escrito al que incorporarán el informe pericial que recomienda la demolición del Parque Comercial.
En rueda de prensa, el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, indicó que, tras esa nueva documentación técnica "hay una nueva realidad", que hay "volatilizados" un total de 36 millones de euros, lo que, según señaló, viene a corroborar el informe emitido por la Guardia Civil en el que se exponía que los beneficios de la operación del Nevada no se corresponden con el patrimonio de los implicados.
Ayllón aludió asimismo a otro de los puntos recogidos en la pericial relativos al aparcamiento en el Parque Comercial, que no cuenta con parcelas o suelo para la ubicación de plazas públicas y sí para privadas --unas 1.000-- dentro del propio edificio, concretamente en el sótano, que el PP considera una planta más de la construcción, puesto que se sitúa a 4,8 metros de la rasante del suelo.
En este sentido, el dirigente 'popular' consideró que "no es posible tanta torpeza" por parte del Ayuntamiento armillero y de las delegaciones provinciales de la Junta, "que no se dieron cuenta" de estas posibles irregularidades. "No me creo que haya sido un error", dijo Ayllón, que consideró que el asunto está generando "alarma social".
De igual modo, criticó las afirmaciones del delegado del Gobierno andaluz en Granada, Jesús Huertas, en las que recordaba que había sido la Junta de Andalucía la que había paralizado la construcción del Parque, ya que "tardaron seis años y lo hicieron cuando no les quedaba otro resorte en sus manos".
En el dictamen, el equipo de peritos concluye que la demolición total o parcial es una decisión que "necesariamente" hay que tomar respecto al Nevada. Así, desde un punto de vista jurídico, procedería que el juez acordase, "motivadamente", la demolición de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y espacios libres, "amparado en una licencia urbanística que no puede legalizarse si no es modificando el planeamiento general".
Esa decisión del juez penal es "independiente" de lo que luego pueda acordar la Administración Pública tras la tramitación y resolución del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico "perturbado" y reposición de la "realidad física alterada", agrega el peritaje.
El dictamen anticipa que "procedería la demolición de la construcción que no se ajustase a la normativa vigente", concretamente con relación a los parámetros de superficie de ocupación, altura de la edificación y edificabilidad computable, "todos ellos sobrepasados en la construcción", tal y como se especifica en la totalidad del informe, de tres tomos y unas 200 páginas.
