SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG entregó en el juzgado de Corcubión (A Coruña) la denuncia sobre el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG con el objetivo de "esclarecer" lo que la Xunta "tapó" en la comisión de investigación abierta en el Parlamento autonómico sobre este asunto.
Así lo confirmaron fuentes populares a Europa Press, que concretaron que la denuncia, formalizada ayer, se presentó en Corcubión porque la comarca de A Costa da Morte es, a su entender, el "epicentro" de un "fraude" de "dimensiones autonómicas" y que "se extiende a varios departamentos de la Xunta".
Según las mismas fuentes, el texto de la denuncia está expresado "en términos similares" a las conclusiones que el PP redactó al finalizar la investigación parlamentaria pero que no fueron incluidas en el dictamen de la comisión, aprobado con los votos de PSdeG y BNG.
Así, el Partido Popular denuncia que el conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG "permitió" que la asociación 'Viticultores de O Castro' --la entidad ourensana que contrató a la supuesta agente electoral con fondos de Traballo-- "incumpliese las condiciones de la subvención" y "financiase a través de fondos públicos a una agente electoral".
Los populares dan por probado que María Isabel Blanco no trabajó para la entidad ourensana sino para el entonces candidato socialista y responsable de Unións Agrarias en Costa da Morte, Félix Porto, a través de este sindicato.
Con el objetivo de "saber la verdad", el PP espera que la Justicia tome declaración a "testigos clave" que los socios de la Xunta "vetaron" en la Cámara autonómica así como que inste a la Administración autonómica a aportar la documentación que "negaron" en la comisión de investigación.
Esta es la tercera vez que el PPdeG lleva a los tribunales un asunto relacionado con el Gobierno bipartito. En octubre de 2006, se querelló contra el director xeral de Montes, Alberte Blanco, por acusar a 168 regidores del PP de "sabotaje, traición y boicot" al operativo antiincendios de la Xunta durante la oleada de incendios. Posteriormente, a principios de este 2008, los populares gallegos llevaron a los tribunales la adjudicación de las obras de la Autovía de O Barbanza por presunta prevaricación.
