24 de mayo de 2019
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    Prada pide a Fiscalía apartar a la fiscal del caso del Campus de la Justicia por "dudas sobre su imparcialidad"

    En su escrito dice que Myriam Segura es amiga de Dolores Delgado y era próxima al exministro socialista Fernández Bermejo

    Prada pide a Fiscalía apartar a la fiscal del caso del Campus de la Justicia por "dudas sobre su imparcialidad"
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    MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

    El exconsejero madrileño Alfredo Prada ha enviado un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que solicita que aparte a la fiscal anticorrupción encargada del caso del presunto desfalco del Campus de la Justicia, en el que él está investigado, por "razonables dudas sobre su imparcialidad" y reclama también que se la abra expediente.

    En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Prada cita diferentes informaciones periodísticas para afirmar que la fiscal Myriam Segura --quien ya ejerció la acusación pública en el 'caso Gürtel'-- era "próxima" al exministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo e indica que "es notorio" que "tiene una estrecha relación de amistad con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado".

    "Esta afirmación tampoco es una suposición y así dada esta íntima amistad las crónicas sociales reflejan que al acto de toma de posesión de la ministra fue de las pocas personas que, sin ostentar una responsabilidad pública y que protocolariamente están obligadas a darse cita en este tipo de actos, asistió junto con otra intima amiga de la señora ministra y de la propia señora Segura, la entonces diputada socialista de la Asamblea de Madrid doña Mercedes Gallizo, persona que llevaba desde el año 2015 efectuando múltiples declaraciones publicas solicitando que la Fiscalía Anticorrupción investigara todo lo realizando con la sociedad Campus de la Justicia S.A.", explica.

    Prada hace constar también que Gallizo fue "compañera de Gobierno" como secretaria general de Instituciones Penitenciarias del magistrado José de la Mata, precisamente el instructor del caso del Campus de la Justicia y que ejerció como director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

    "PÚBLICA ANIMADVERSIÓN O ENEMISTAD"

    De igual modo, el exconsejero considera "presuntamente irregular" que Segura "no se abstuviera voluntariamente de este caso", ya que la acusa de tener una "pública animadversión o enemistad manifiesta" con él, lo que fundamenta en una información del diario 'El Mundo' de julio de 2013 en la que "se recoge con todo lujo de detalles los ya famosos sms" del extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

    Según Prada, en uno de estos mensajes Bárcenas le pedía a Rajoy "el cese fulminante e inmediato de la fiscal": "De forma expresa en la misma página de la publicación se cita a Alfredo Prada así como a Miriam Segura y, con independencia de la veracidad o no de la información, lo cierto es que de su lectura se desprende que Alfredo Prada le pide al presidente del Gobierno el cese de Myriam Segura. Obviamente este hecho, con publicidad incluida, sería razón más que suficiente para que la fiscal se hubiera abstenido de llevar este asunto, dado que estamos ante una información que genera enemistad manifiesta y una clara animadversion".

    El exconsejero, que ejerció como responsable de Justicia durante el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2008, se queja también en su escrito de que fue llamado a declarar como investigado en esta causa "en plena precampaña" de las elecciones generales del pasado 28 de abril y que su citación tuvo una "abundante repercusión mediática", pues muchas informaciones vinculaban a Prada con Pablo Casado, candidato del PP.

    Como ya ha hecho en otro escrito presentado en la Audiencia Nacional, Prada denuncia también la "prisa" de la fiscal Segura a la hora de "elaborar la imputación", ya que "la redujo al periodo 2005, comienzo de la sociedad Campus de la Justicia S.A., a 25 de junio de 2008, fecha en la que fue cesado de todas sus responsabilidades en la Comunidad de Madrid", a pesar de "la vigencia de la sociedad es hasta el año 2015".

    "Y lo que es más importante: la deuda con la que se cerró la sociedad se generó a partir de determinar el Gobierno regional la no continuación del proyecto, año 2010, es decir, más de dos años después de que se produjera el cese del que suscribe", explica el escrito, que va dirigido al fiscal jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado.

    "PRISA" POR IMPUTAR

    También se queja de que las diligencias se incoaron únicamente con el informe de la Cámara de Cuentas de Madrid "como único fundamento y sustento", sin esperar a las conclusiones de la Intervención General del Estado. "Tales fueron las prisas de la señora fiscal en formular las imputaciones que de su escrito se establecen como presuntas actividades ilícitas la mera gestión política o el ordinario funcionamiento de cualquier entidad mercantil", subraya.

    "Y a más a más, una vez que ya se había judicializado el informe de la Camara de Cuentas, y que el propio Tribunal de Cuentas ha solicitado toda la documentación obrante en las diligencias previas, para enjuiciar y en su caso dictaminar, se puede valorar como presunta actuación irregular y no ajustada a derecho, el promover la declaración en sede judicial, previa imputación o declaración procesal de investigado, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal de Cuentas", apunta.

    Además de insistir en que los hechos por los que se le investiga habrían prescrito ya, el exconsejero madrileño también considera "presuntamente irregular" que la denuncia que presentó la fiscal anticorrupción se dirigiera a la Audiencia Nacional el 1 de Agosto de 2018 "sin ninguna justificación al respecto, en vez de hacerlo en el juzgado de instrucción de guardia".

    Por todo ello, Prada solicita primero al fiscal jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado que le cite para ratificar todo lo mencionado en su escrito, si así lo considera pertinente, además de "abrir expediente" a la fiscal Segura y apartarla de la causa del Campus de la Justicia como medida cautelar con el objetivo del "debido esclarecimiento de lo manifestado, practicándose cuantas pruebas se consideren oportunas", citando para ello a los interventores generales del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.

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