Apuesta por alcanzar "soluciones eficaces" a "los problemas reales" de la inmigración
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, defendió hoy, durante la entrega del XII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, "una cultura constitucional en la que todos deban respeto y confianza a la Constitución y a las instituciones por ella creadas" para evitar, a su juicio, "una pérdida de sentido institucional que arrebate las coordenadas definitorias de las instituciones para arrojarlas en una confusión preocupante con riesgo de desconocimiento y valoraciones erróneas".
Casas se pronunció así tras recibir este galardón en reconocimiento a su labor como catedrática en derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. En el acto estuvieron presentes el presidente del Congreso y del Senado, Manuel Marín y Javier Rojo, respectivamente, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, entre otros.
Reconoció en su discurso que la vertiente institucional introduce en su vida profesional "una perspectiva superior y transversal", al participar de una manera "destacada y singular en el decir jurisdiccional de un Tribunal, el Tribunal Constitucional". Y esto, agregó, lo hace mediante "la interpretación y aplicación de la Constitución por métodos y formas jurisdiccionales haciendo de ella la realidad viva".
En su opinión, "la predisposición al futuro es la esencia de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional, que es, a su vez, su complemento esencial y garantía de la conservación y del futuro de aquélla, pacto de consenso y de convivencia, a la que en un proceso vivo actualiza continuamente mediante la interpretación y aplicación de sus preceptos".
"SOLUCIONES EFICACES".
Por otro lado, abogó por alcanzar "soluciones eficaces" a "los problemas reales" de la inmigración, al considerar que se trata de "una realidad esencial para nuestra actual vida en sociedad". Destacó "la conversión" de España en "un foco de atracción" para personas que huyen de "la pobreza despiadada, de una pobreza extrema, en busca de una vida mejor, de oportunidades de trabajo".
En este punto, subrayó que esta nueva realidad merece "una atención especial" de las instituciones y señaló que será necesario "forjar los instrumentos lógicos y categoriales para aprehender las nuevas formas de trabajo y de vida".
Durante su discursó, expresó su "emoción" y "orgullo" por recibir este galardón, que definió de "extraordinariamente significativo en el mundo jurídico". Además, manifestó estar "doble satisfecha", puesto que se convierte en la primera mujer que ha recibido este galardón.
De esta manera, Casas reiteró su compromiso en "la lucha contra la desigualdad y la discriminación" contra la mujer, especialmente en lo relativo a la violencia doméstica. Destacó así el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las que dijo que "sin cuya garantía no es posible el ejercicio pleno de la democracia".
Seguidamente, la máxima responsable del TC no quiso dejar de recordar "el trecho que aún queda por recorrer para la erradicación de aquel insoportable fenómeno y para que la igualdad sea real a partir y a través de la diferencia".
EL DERECHO DEL TRABAJO.
En su intervención, Casas homenajeó "la merecida creación doctrinal y jurisprudencial del Derecho del trabajo" en España. Respecto a esta cuestión, resaltó la incidencia de la Constitución mediante sus "valores y principios" en la elaboración científica de este Derecho.
"La constitucionalización del contrato individual de trabajo y de las relaciones laborales se debe a la jurisprudencia del Constitucional, que ha constitucional izado la vida pública y política y la vida social y privada, extendiendo la defensa y protección de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo a las relaciones entre particulares y a la jurisprudencia ordinaria y a la doctrina laboralista", dijo.
Asimismo, hizo hincapié en la transformación "irreversible" de este Derecho, por lo que propuso exigir "un esfuerzo continuo de racionalización y actualización del aparato conceptual que se proyecta en el Derecho del Trabajo". Subrayó "la permanente" función que cumple de conciliación de "los intereses económicos y sociales contrapuestos y de armonizar el desarrollo de las relaciones de producción y consumo".
