GRANADA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), declarará previsiblemente hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, a las 10,00 horas, imputado de varios delitos de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística en la construcción de la urbanización Medina Elvira Residencial y el campo de golf anexo a la misma, así como en otras obras que afectaban a la infraestructura de la zona.
Su declaración ya fue aplazada el pasado 16 de octubre, después de que su abogado informara de que su patrocinado no podría acudir al Juzgado, tras lo que su titular, el juez decano Antonio Moreno, ordenó que, de no presentarse la próxima vez sin justificación, sería detenido, informaron a Europa Press fuentes del caso.
Según el decreto del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, de las diligencias de investigación penal incoadas a raíz de la denuncia que presentó IU, Ecologistas en Acción y Necesitamos la Vega, a los que se añadieron después más, se deduce que "existen indicios suficientes" para considerar que los hechos podrían constituir dichos delitos.
Aunque la denuncia se formula contra el regidor atarfeño, que está inmerso en otros procesos judiciales por actuaciones urbanísticas, el fiscal aclara que la imputación que se formule "deberá extenderse a quienes hayan votado favorablemente los acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado de igual modo en la tramitación de los expedientes".
Igualmente, debe afectar también a "los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf S.A. y/o a las personas concretas que hayan procedido a las construcciones ilegales o falseado la planimetría", según consta en el decreto del fiscal Luis Salcedo, que tiene fecha 10 de abril de 2008.
Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas donde desde el año 2005 se vienen realizando por la empresa Vladigolf S.A. y otras empresas diversas obras de edificación de la Urbanización Medina Elvira Residencial, prevista para 3.500 viviendas, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos anexo a la urbanización y la construcción de una depuradora en el anejo de Caparacena.
Además, hay otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona --la inclusión del Camino de Malacarilla, que conectaba el anejo de Caparacena con el pueblo de Atarfe, en la zona del campo de golf, supresión de una vía pecuaria, vertido de tierras a un barranco, tala de árboles, etc.-- o que tienen que ver con la infraestructura del campo de golf. También está prevista la construcción de un hotel en la zona Cortijo Hotel Escuela Armengol.
"TASA A LA BAJA" DE LA FINCA.
Todas estas actuaciones se realizan o proyectan en una finca vendida por Proyecto Atarfe --sociedad municipal en forma de sociedad anónima-- a Vladigolf S.A el 24 de febrero de 2005 por 3,6 millones de euros, si bien el 4 de marzo del mismo año se inscribió la hipoteca que valoró el terreno en 8,4 millones de euros, algo que es "sorprendente", según el fiscal, ya que es el Ayuntamiento, aunque a través de Proyecto Atarfe, el que "vende una finca por un importe inferior a su valor de tasación en caso de ejecución".
El Ministerio Público entiende que se "tasa a la baja" de acuerdo con unas condiciones urbanísticas que el Ayuntamiento se había comprometido a modificar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que a día de hoy no ha sido todavía aprobado de forma definitiva, puesto que la zona es objeto de especial protección por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaug).
Así, las obras ejecutadas en aplicación a previsiones futuras de cambio de planeamiento "pudieran ser ilegales" por carecer de cobertura legal o por contravenir la actual pero no por su vinculación con una norma que carece de efectos. El futuro PGOU "parece que actuaría más como un instrumento que diera cobertura a las ya realizadas".
SUPUESTAS ILEGALIDADES.
En primer término se refiere el fiscal a una supuesta ilegalidad en la venta realizada, en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que dada la declaración de interés público del campo de golf, el procedimiento debía haber sido el concurso u otros procedimientos establecidos en la Ley de Contratos pero no su enajenación directa como finalmente se procedió.
Asimismo tanto en los convenios como en los proyectos aprobados y licencias concedidas se recogen disposiciones "contrarias a las Normas Subsidiarias vigentes en Atarfe y a la LOUA" porque se fija el techo máximo edificable en 417.697 metros cuadrados que no coincide con el planeamiento vigente y se modifica la densidad del suelo mediante la aplicación de concepto de ensanche sobre un sector alejado cinco kilómetros del núcleo urbano.
El Potaug concede al paraje Regadíos del Cubillas la consideración de "terreno no urbanizable especialmente protegido" y en ella, fuera del perímetro autorizado para urbanizar, se han realizado obras de urbanización en zonas de espacio especialmente protegido. Las obras se amparan en proyectos de urbanización y reparcelación en los que se define el terreno como urbanizable. "Esta extralimitación ha sido posible porque se ha falsificado la planimetría presentada por Vladigolf realizando una superposición con los planos del POTAUG".
Se ha construido una plancha de hormigón y sobre ella una caseta en la parcela 28 que "en la actualidad no puede ser edificada", sin que conste licencia o autorización para su construcción. En cuanto al campo de golf, "mención especial" merece la construcción de éste y la modificación de las infraestructuras que conlleva.
Según el decreto, la construcción del campo es un uso "compatible" con el sistema de espacios libres del Potaug, aunque "sería conveniente" que el órgano informante aclarara si precisamente la modificación de la vía respeta la conectividad del sistema de espacios libres. Es una "cuestión controvertida" que sea compatible con la protección del POTAUG y "no exenta de ambigüedad", según los informes analizados por lo que puede integrar el delito de prevaricación urbanística.
HOTEL Y DEPURADORA.
Sobre la aprobación en pleno del proyecto Cortijo Hotel Escuela Armengol, el fiscal detalla que es una resolución municipal "contraria a la normativa" del Potaug, que se adoptó en pleno en el que además se advirtió, según uno de los denunciantes, de la posible prevaricación en que se podría incurrir caso de apropiación.
La ejecución de obras de la depuradora comenzaron sin estar aprobado el proyecto ni concedida la licencia, según las aleaciones, aunque con posterioridad a la denuncia ha sido aportada la licencia de Vladigolf para la construcción, según el fiscal, que indica también que no se ha acreditado que cumpla las condiciones medioambientales.
