Cuantifica la malversación de fondos públicos en tres millones de euros
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal Consuelo Madrigal ha asegurado este martes en el juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo que el Gobierno de Carles Puigdemont actuó como una "organización criminal" para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para ello se sirvió de "maniobras para encubrir delitos" y "estrategias negacionistas".
Así lo ha dicho en su turno de exposición de las conclusiones definitivas, que se ha centrado en la malversación de caudales públicos de la que acusa a nueve de los 12 acusados por el proceso independentista. Considera que la malversación fue esencial en el "execrable ataque a la esencia del Estado social y de derecho en que se sustenta la monarquía parlamentaria española".
En el caso de los exmiembros del Govern que están acusados de rebelión y que se encuentran en prisión provisional, la fiscal se ha referido a un aspecto técnico de la acusación, relativo a integración de la malversación como subtipo agravado de este primer delito, ya que el desvío de los fondos públicos fue necesario para llevar a cabo el objetivo secesionista que todos ellos perseguían.
En cuanto a los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila, que son los que no están en prisión provisional, los considera igualmente "responsables últimos y máximos de todas y cada una de los desvíos de fondos públicos", la de asumir de forma solidaria con el resto de miembros del exGovern. Por este motivo se les pide condena por desobediencia y aparte por malversación.
A lo largo de su intervención, Madrigal se ha dedicado a desgranar todas y cada una de las pruebas que sustentan la atribución de la malversación a los encausados que formaron parte del exGovern de Puigdemont, y que ha cuantificado en unos 3 millones de euros. La Fiscalía asume además el argumento expuesto por las peritos de Hacienda en el sentido de que el daño al erario público se produce siempre que el servicio se haya prestado, con independencia de que llegara finalmente a abonarse.
Así, y sobre los acusados, ha incidido en que llevaron a cabo un "ejercicio abusivo de funciones públicas" para "decidir, ordenar, impulsar, apoyar acciones y gastos para articular el referéndum", pese a las "reiteradas" advertencias del Tribunal Constitucional de sus "deberes de paralizar e impedir" todo aquello relacionado con el 1-O.
ACUERDO "CONJUNTO Y SOLIDARIO"
La fiscal ha continuado señalando que desde el Gobierno de Puigdemont se omitieron las resoluciones del tribunal de garantías tras la aprobación por el Parlament de Cataluña de la ley del referéndum, y que tras ello los consejeros acordaron "por unanimidad" el decreto de convocatoria de la consulta y unas horas después, ya el día 7, suscribieron el acuerdo "conjunto y solidario" para hacer frente a los gastos del referéndum y conseguir que se celebrase "con éxito".
"Estamos ante un desvío de fondos que puede ascender a tres millones de euros, pero a esta suma se le debe añadir a efectos penales de plus de criminalidad el desvío de fondos públicos desplegados para la articulación de la campaña del referéndum", ha enfatizado.
Durante su alegato, Madrigal ha hecho referencia a los empresarios a los que la Generalitat encargó servicios relacionados con el referéndum y que declararon como testigo ante el tribunal que no cobraron estos trabajos, sino que emitieron facturas negativas. Para la fiscal, este tipo de facturación "no significa una renuncia" al cobro o pago.
Además, ha recordado que no fueron capaces de contestar a algunas de las preguntas que se les realizó, por lo que ha concluido que "el silencio y las respuestas alusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la administración renueva anualmente".
"Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma", ha afirmado Madrigal, al mismo tiempo que ha destacado que la Generalitat ha utilizado "estrategias negacionistas" para eludir el pago de otros servicios, como la emisión de la publicidad del referéndum a través de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
La fiscal ha vuelto a calificar de "organización criminal" al exGovern cuando ha destacado que sus miembros se han servido de "maniobras de encubrimiento de los delitos" para hacer de la "Administración de todos los catalanes su cortijo".
En esta línea, ha explicado que "los servicios que prestan las administraciones tienen un coste para la Hacienda pública, catalana y española, y es un coste que hemos asumido en ultima instancia todos los contribuyentes", por lo que justifica la acusación por malversación de caudales públicos.
Imprimir
También se ha referido a la campaña publicitaria denominada "Civisme" pero que no era más que publicidad del 1-O y que quedó desierta. En este punto, la fiscal ha apuntado que el exconsejero de Presidencia Jordi Turull "batió records de velocidad para conseguir la emisión de esta campaña" y movilizó los fondos de contingencia, cuyo destino debieran ser "necesidades ineludibles, como catástrofes", dice la fiscal, que ve un "plus de antijuridicidad" que se utilicen para acciones ilegales como el referéndum.
En relación con el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, Madrigal le ha acusado de arbitrar los gastos necesarios para "comprar opiniones y apoyos favorables" desde el Consejo de Diplomacia Pública (DIPLOCAT), y en este punto ha incluido la tarjeta de crédito a nombre de la entidad desde la que se gastaron 40.000 euros para viajes y estancia de observadores internacionales, el pago de gastos de un grupo de 13 personas lideradas por la británica Helena Catt que permanecieron en Cataluña desde el 4 de septiembre al 8 de octubre con el pretexto de analizar la situación política ( 62.000 euros de gasto); o el pago de 50.030 euros para un análisis encargado a un político holandés ya fallecido.
"EL TAL TONI", DEPENDIENTE DE TURULL
Otro capítulo de gastos destacado por la Fiscal ha sido el de otros 47.000 euros en cartelería para la propaganda de la consulta que se hizo de una forma irregular y en la que intervino el que fuera alto cargo de difusión del exGovern Antoni Molons, dependiente del departamento de Turull, y que contrató servicios bajo nombres supuestos y al que uno de los contratistas que ha comparecido como testigo acabó identificando como "al tal Toni" que le realizó determinados encargos. Según otro de los testigos, la cartelería la encargaba Ómnium Cultural -cuyo expresidente Jordi Cuixart también se sienta en el banquillo- si bien quien pagaría finalmente sería la Generalitat de Cataluña.
Uno de los puntos que mejor ilustran según la Fiscal la comisión "solidaria" del delito de malversación es el referido al encargo a la empresa Unipost del reparto de tarjetas censales y cartas que deberían recibir los presidentes y vocales de las mesas electorales, puesto que el gasto, que ascendería a algo más de un millón de euros, se atribuyó a un convenio marco que todos los miembros del Gobierno asumieron. Más allá de dicho compromiso, existe prueba documental (documentos excell y correos de directivos de la empresa) para acreditar que se cambiaron las formas de trabajar para simular las altas cantidades comprometidas.
Finalmente, y en cuanto a la cesión de uso de los locales de las votaciones, la fiscal Madrigal se ha referido duramente a la contrapericia presentada por las defensas que concluyeron que no podía tasarse un gasto en este sentido porque los centros públicos no están en el mercado, lo que ha calificado de "conjunto de disparates". "Aunque se cedan gratuitamente ello no implica que la cesión le salga gratis a la administración, es en definitiva un gasto para todos los contribuyentes", ha indicado.
