ERC y CIU piden flexibilizar requisitos para acreditar la titularidad e IU-ICV reclama indemnizaciones por inmuebles alquilados
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso acordó esta tarde, con el único voto en contra del PP, tramitar tres proposiciones presentadas por ERC, CiU e IU-ICV para reformar la ley que regula la restitución a los partidos políticos de los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil y, entre otras cosas, flexibilizar los requisitos probatorios imprescindibles para poder acogerse a la misma.
La Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados, que los nacionalistas de CiU y PNV consensuaron con el PP en el marco de los acuerdos de gobernabilidad que permitieron la investidura de José María Aznar en 1996, tenía por objeto la devolución a los partidos de los bienes y derechos de contenido patrimonial que les fueron arrebatados entre 1936 y 1939.
Sin embargo, la mayoría del arco parlamentario, incluido el PSOE que en 1998 votó contra la norma, consideran que su aplicación se ha encontrado con numerosas dificultades que han hecho imposible que las formaciones afectadas puedan ver restituidos todos sus bienes.
El socialista Francesc Vallès subrayó que la restitución es un "acto debido de justicia democrática" y que la "enorme litigiosidad" que ha provocado en los tribunales demuestra que ley del 98 era "engañosa" y "defectuosa" porque no alcanzaba a todos los partidos afectados y "dificultaba en exceso la carga de la prueba de la titularidad".
A su juicio, ha llegado el momento de modificarla y de analizar cuál de los sistemas propuestos por los grupos es el más adecuado para reparar una "injusticia histórica" y recordar que entre 1936 y 1939 además de muerte y sufrimiento en España hubo "expolios, saqueos e incautaciones injustas".
EL PP ALERTA DE "FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA".
"No estamos hablando de financiación extraordinaria, sino de reparar la memoria histórica", agregó, en respuesta al diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, quien dijo ver en la futura reforma un "mecanismo de financiación extraordinaria para los partidos que forman parte de la coalición gubernamental o que aspiran a formar parte de la misma".
Tras acusar a estas formaciones de querer introducir "discriminación, privilegios y arbitrariedades disparatadas" y "destruir el principio de seguridad jurídica", Del Burgo recordó que en virtud de la ley de 1998 el Estado ha compensado con casi 28 millones de euros a los partidos a los que se les incautaron bienes. En concreto, detalló que PSOE y PNV han recibido respectivamente más de 10 millones de euros, ERC 1,7 millones y el PCE 1,2 millones de euros.
El resto de portavoces centraron sus discursos en relatar las dificultades que se han encontrado para la aplicación de esta norma. El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, denunció los "vacíos clamorosos" de los que, a su juicio adolece la norma vigente que, según dijo, ha dado lugar a devoluciones "ridículas" si se compara con lo que se incautó durante y tras la contienda.
Desde ERC, Joan Puig, reclamó que a través de la conocida como Ley de Memoria Histórica se "haga justicia de verdad legitimando el derecho al reconocimiento moral y económico de entidades y ciudadanos". Por su parte, el diputado de CiU Jordi Xuclà mostró su deseo de que esta reforma se apruebe por unanimidad y recalcó que "la reparación del pasado se hace con hechos concretos".
PNV LO LLEVARÁ A LA LEY DE MEMORIA.
El peneuvista Aitor Esteban, quien se quejó que las reivindicaciones de restitución de los sindicatos hayan tenido más éxito que las de los partidos políticos, anunció que su formación introducirá este asunto en la Ley de Memoria a través de sus enmienda como "medida precautoria" por considerar que la palabra del PSOE tiene "más caducidad que un yogur" y porque, cuando sólo faltan ocho meses hábiles para disolver las Cortes Generales, hay riesgo de que no haya tiempo suficiente para tramitar estas reformas de la ley de 1998.
Los tres grupos promotores de la reforma coinciden en la necesidad de suavizar los requisitos para acreditar la titularidad de los inmuebles. Todos plantean que en el caso de que no se dispongan los datos necesarios para determinar los bienes y derechos perdidos o incautados, puedan determinarse mediante la utilización de los elementos que "indirectamente los acrediten".
En concreto, ERC quiere que sirvan como prueba "testimonios actuales y de la época que por su conocimiento directo o indirecto" pudieran demostrar a quién pertenecían los inmuebles. Por su parte, CiU abre la posibilidad a que el Consejo de Ministros fije equitativamente una compensación para los casos en que se haya acreditado el perjuicio patrimonial, pero no hubiera podido determinarse ni siquiera por medios indirectos la totalidad de los elementos del mismo.
REVISAR EL VALOR DE LOS YA DEVUELTOS.
Además, los republicanos reclaman que la ley contemple la devolución de los locales vinculados a los partidos como las casas del pueblo, ateneos, círculos o fraternidades. También solicita que se revise el valor de los bienes ya devueltos en virtud de la norma aprobada en 1998 para ajustarlos al valor de mercado en el momento de su restitución y pagar la diferencia a los partidos.
El grupo parlamentario que preside el secretario de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, demanda que se compense también la pérdida de derechos de contenido patrimonial como consecuencia de las incautaciones, así como a las formaciones que vieron intervenidas sus cuentas y depósitos bancarios.
Los nacionalistas catalanes abogan por que el importe de la compensación sea el resultante de actualizar la cuantía incautada según el Indice del Valor Constante de la Peseta y Euro elaborado por el Banco de España.
TOPES DE 4 A 5 MILLONES DE EUROS
Al igual que CiU, IU-ICV solicita compensaciones por la incautación de bienes alquilados. En concreto, CiU circunscribe este apartado a los inmuebles urbanos que el partido tuviera arrendados, mientras que el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares propone que, en los casos en los que falte documentación para acreditar la condición de arrendatario, se acuerde la indemnización atendiendo a una duración del contrato de 10 años y una renta de 9 nueve euros anuales, con la actualización correspondiente.
Las tres formaciones defienden que el Consejo de Ministros revise de oficio los expedientes incoados confirme a la Ley de 1998 y que hubieran sido desestimados en la vía administrativa o judicial. Además, mientras que ERC fija en 4 millones de euros la cantidad máxima a percibir por cada beneficiario, IU-ICV apuesta por elevar el tope hasta los cinco millones de euros.
