1 de diciembre de 2020
1 de abril de 2007

PSOE y CiU piden que el Estatuto Fiscal contemple una partida presupuestaria propia para la Fiscalía General

CiU propone la ampliación a 5 años del mandato del fiscal general y que el nombramiento sea avalado por un tercio del Consejo Fiscal

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista y CiU coinciden en las enmiendas que han presentado al proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado el pasado 7 de diciembre por el Consejo de Ministros, que el texto establezca una partida propia de los presupuestos del Ministerio de Justicia para la Fiscalía General del Estado, con el fin de reforzar su autonomía.

La enmienda del PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, sugiere que los Presupuestos Generales del Estado contemplen, dentro de la sección presupuestaria del Ministerio de Justicia, las correspondientes partidas adecuadamente singularizadas para la Fiscalía General del Estado, que serán gestionadas por la Unidad de Apoyo del fiscal general.

La enmienda de CiU se refiere, en concreto, a que los Presupuestos Generales incluyan partidas específicas para atender a las necesidades funcionales del Ministerio Fiscal, previamente evaluadas por el fiscal general del Estado, oído el Consejo fiscal.

"La Fiscalía General del Estado contará con una partida presupuestaria propia para atender a sus necesidades de organización y funcionamiento, de la que podrá disponer el fiscal general del Estado, a través de la Unidad de Apoyo", dice la enmienda, a la que tuvo acceso EP.

Por otro lado, otra de las propuestas del PSOE para incorporar en el Estatuto Fiscal pretende dotar al fiscal de la imprescindible capacidad de acción en su relación con otras instituciones, lo que le permitirá contar con la suficiente entidad para, por ejemplo, firmar convenios con ciertas comunidades autónomas.

Para ello, en su opinión, el artículo 2 debe afirmar que: "El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órgano propios, conforme a los principios de la unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".

Otra hace alusión a las causas por las que los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos, como sería el caso de en una misma fiscalía o sección en la que ejerzan sus parientes o persona a quien se halle ligado de forma estable.

MANDATO DE CINCO AÑOS.

Otra de las enmiendas de CiU pretende la ampliación del mandato del fiscal general del Estado a 5 años para evitar que coincida con las legislaturas, sentido en el que informó el Consejo Fiscal cuando estudió la reforma.

Asimismo, otra hace alusión a la necesidad de que el nombramiento del fiscal general esté avalado al menos por un tercio de los componentes del Consejo Fiscal. Para CiU, el alto número de nombramientos de libre designación hace necesario prever que cuente al menos con un tercio de votos del Consejo Fiscal.

CiU también quiere la inclusión de medidas dirigidas a otorgar mayores competencias a la nueva figura del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, como órgano más cercano al territorio, al igual que sugiere ERC en varias de sus enmiendas.

LENGUA COOFICIAL.

Por otro lado, CiU coincide con ERC en proponer incorporar al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la obligación de conocer la lengua cooficial y el conocimiento del Derecho propio como requisito para acceder a una plaza de fiscal en una determinada comunidad autónoma.

El proyecto de reforma regula la valoración de las lenguas cooficiales como un mérito a la hora de ocupar las vacantes de puestos de fiscales, pero no las considera un requisito para acceder a las mismas.

La enmienda de CiU señala, en este sentido, que "la provisión de plazas en Fiscalías con sede en comunidades autónomas con lengua y Derechos propios, el conocimiento suficiente de éstos será requisito para el nombramiento".

Dos de las enmiendas presentadas por ERC están dedicadas también a la obligatoriedad de acreditar el conocimiento de la lengua cooficial para acceder a una vacante, así como el conocimiento del Derecho propio en los mismos términos.

Según ERC, "no parece pertinente, como hace el proyecto que los criterios de acreditación del conocimiento de la lengua se establezca reglamentariamente. Lo mismo cabe decir del Derecho propio".

DESATENCIÓN AL IDIOMA.

Otra de las enmiendas de los republicanos se refiere a la incorporación en la normativa como falta leve: "La desatención o desconsideración con ciudadanos, instituciones, jueces y magistrados, ante la petición de intervenir en una lengua cooficial, en el caso de que se haya acreditado un conocimiento adecuado".

ERC entiende que debe considerarse como falta leve la alegación por parte de la Fiscalía de desconocimiento de lengua propia de una comunidad autónoma o la negativa a actuar en una determinada lengua cooficial, cuando al acceder a la plaza se ha valorado como mérito el conocimiento de dicha lengua.