CÁDIZ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado nacional del PSOE por Cádiz, Rafael Román, consideró hoy que el nuevo fallo del Tribunal de Cuentas, que condena a Manuel Rodríguez de Castro --primer delegado del Estado del PP en la Zona Franca de Cádiz-- a devolver 522.325 euros por gastos sin justificar, demuestra "la gravedad de los hechos", aunque matizó que "los pleitos gordos, como el 'Caso Rilco', aún están por venir".
En declaraciones a Europa Press, Román consideró que el Tribunal de Cuentas ha sido "más exigente en esta ocasión porque ha tenido en cuenta los recursos presentados" por la Abogacía del Estado, que consideraba insuficiente una primera condena que obligaba Rodríguez de Castro a devolver a la Zona Franca de Cádiz 208.362 euros por gastos en viajes no justificados y cargos a tarjetas de crédito de la Zona Franca durante su gestión, (entre 1996 y febrero de 2001).
Román calificó los hechos como "muy graves" ya que "no se recuerda otro caso de esta naturaleza en la historia democrática, en que alguien tenga que devolver a los poderes públicos cantidades como esta". Además, el dirigente socialista advirtió que "este es un pleito menor" que hace referencia a los gastos suntuarios del ex delegado popular, "que fue nombrado por el PP y Teófila Martínez" (alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz).
"Los pleitos gordos, que son los relacionados con el 'Caso Rilco' y Quality Food, aún están por llegar" y, según Román, "entonces se comprobará que la gestión del PP en sus ocho años de mandato en la Zona Franca de Cádiz fue un periodo continuado de irregularidades sin fin" que, a su juicio, hicieron "un daño irreparable a la Zona Franca, situándola en un atolladero económico del que no sabe cómo salir".
El 15 de octubre la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dictó la sentencia que fija en 522.325 euros la cuantía a devolver. El nuevo fallo se produjo a consecuencia de los recursos presentados tanto por Manuel Rodríguez de Castro como por la Abogacía del Estado a una sentencia anterior, que le condenaba a devolver 208.362 euros por gastos sin justificar durante su mandato.
