El PSOE llevará al TC el rechazo de la Mesa del Congreso al trámite exprés de la ley contra el veto del Senado

Adriana Lastra, portavoz del PSOE
GPS CONGRESO
Publicado: viernes, 28 septiembre 2018 14:53

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado su decisión de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional la negativa de la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, de impedir la tramitación urgente de la proposición de ley para poder sortear el veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit.

El PSOE y Unidos Podemos pidieron en su día que su proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tramitase por el procedimiento de urgencia y en lectura única con el fin de que se aprobara cuanto antes y así acelerar las presentación de unos nuevos Presupuestos.

La urgencia, que es competencia de la Mesa, implica acortar los plazos a la mitad, mientras que la lectura única, un trámite que acuerda el Pleno si lo pide la Mesa, permite solventar todos los debates en una semana en el Pleno del Congreso, sin pasar por ponencia ni comisión.

Sin embargo, se toparon con el freno que el PP y Ciudadanos pusieron en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, donde suman mayoría. El PSOE y Unidos Podemos recurrieron y, tras un debate en la Junta de Portavoces con más grupos a favor de la tramitación exprés, la Mesa del Congreso ha ratificado su rechazo.

"ES INAUDITO"

A través de un comunicado, el Grupo Socialista ha lamentado que la Mesa del Congreso haya "ignorado" la opinión de la Junta de Portavoces, lo que achaca a "razones de oportunidad política": "Es inaudito que la Mesa de la Cámara se convierta, gracias a las maniobras de PP y Cs, en un órgano político y no de gobierno de la Cámara".

Por ello, el PSOE ha anunciado que elevará el tema al Tribunal Constitucional al considerar que hay una "palmaria vulneración de derechos" y espera que el TC se pronuncie "con la máxima urgencia" porque "la inconstitucionalidad ofrece pocas dudas" y "por la importancia del asunto", ya que de ello depende la aprobación de una nueva senda de estabilidad y unos Presupuestos Generales del Estado con 6.000 millones de euros adicionales para atender la prestación de servicios sociales.