Zaplana dice que el Gobierno no insta la ilegalización para "dejar una puerta abierta al diálogo con los terroristas"
MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y los grupos minoritarios --salvo CC, que se abstuvo-- rechazaron esta tarde en el Pleno del Congreso, por segunda vez en cinco meses, una iniciativa del PP en la que se instaba al Gobierno a abrir el proceso para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y a disolver los ayuntamientos en los que esta formación tiene responsabilidades de gobierno.
Durante la defensa de su iniciativa, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, explicó que el objetivo de la misma desmontar uno de los "pilares" del discurso que viene manteniendo el Gobierno desde hace tres años: "Que ANV no es ETA". Y es que, según Zaplana, a estas alturas sólo el Gobierno niega que ANV "es el caballo de Troya que ha elegido ETA para volver a las instituciones".
A continuación, aludió a algunas de las "decenas" de pruebas que, en su opinión, permitirían instar la ilegalización de ANV. Así, destacó que no ha condenado ninguna de las acciones de ETA, desde el atentado de Barajas de diciembre de 2006 hasta el intento de asesinato del escolta Gabriel Ginés de la semana pasada, que comparte sedes con Batasuna y que uno de sus miembros fue detenido junto a la Mesa Nacional de la coalición ilegalizada.
EL GOBIERNO ATÓ LAS MANOS A LA JUSTICIA.
En este contexto, subrayó que esta formación pudo obtener 439 concejales y mayoría para gobernar 42 municipios en las elecciones locales de mayo gracias a la "complacencia" del Ejecutivo, que "ató las manos de la Justicia", impidiendo su ilegalización, y que ahora no tampoco quiere "aplicar la ley por cálculo electoral u oportunidad política".
"Si no se ilegaliza ANV no será porque la ley no esté de nuestra parte, sino para dejar una puerta abierta al diálogo con los terroristas. La verdadera razón que nos lleva a este debate es que la vuelta de los terroristas a las instituciones es una parte de un proceso político de concesiones permanentes que el Gobierno no quiere dar por cerrado", denunció Zaplana.
Como otro de los capítulos de este proceso señaló la entrevista mantenida entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe. A su juicio, lo que el presidente vasco ha "exigido" a Zapatero es lo mismo que "firmó el PSOE" en el Pacto del Tinell, "que amparaba un procedimento de consulta general si el Congreso rechazaba el Estatut".
Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión de Justicia, Pedro Muñoz, reprochó al PP que caiga en la "bajeza" de atribuir al Gobierno "el ánimo de permitir" el regreso de ETA a las instituciones y le afeó la utilización de "argumentos que no son ciertos" para "mentir a los ciudadanos". Así, le recordó que en las 133 candidaturas presentadas por ANV a las municipales no había "ni un solo condenado por pertenencia o colaboración con banda armada".
CUANDO HAYA CERTEZAS, NI ANTES NI DESPUÉS.
Muñoz enfatizó que el Ejecutivo tomará las iniciativas que le correspondan cuando "haya certezas" y respetando las normas del Estado democrático, es decir, "ni un día antes ni un día después" de que pueda hacerlo. En este sentido, replicó a Zaplana que ahora no se puede aplicar la Ley de Partidos contra ANV porque el Tribunal Constitucional ha establecido que sólo puede hacerse cuando una formación incurre en una "vulneración no sólo reiterada, sino sistemática de todos y cada uno" de los motivos de ilegalización.
"Desgraciadamente no valen los indicios a los que alude el PP", lamentó Muñoz, quien también explicó que no es posible utilizar la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los consistorios en los que gobierna esta formación sin que previamente se haya actuado contra ANV, un partido al que, según recordó, el Gobierno del PP subvencionó con 700.000 euros en 2001.
Gaspar Llamazares, presidente del grupo parlamentario de IU-ICV, acusó al PP de "intentar patrimonializar" la política antiterrorista llegando incluso a "mezclar churras con merinas" (la actuación de ETA y la propuesta del lehendakari), lo que considera "intolerable". "El PP sigue en su laberinto, ensimismado de nuevo", apostilló.
A su juicio, al PP no le basta con que la Policía y la Judicatura estén actuando "día a día" contra ETA, pues no se conforma con el estado de Derecho y "prefiere el Estado de derechas". "Se pasan de frenada --avisó--. Pretenden anteponer su voluntad inquisitorial a la unidad de los demócratas".
Del mismo modo, Aitor Esteban, del PNV, achacó la iniciativa del PP al "oportunismo electoral", pero también reprochó al Gobierno que supedite la ilegalización de ANV a la evolución de "la jugada", una expresión "deplorable" que utilizó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Su pronóstico es que ANV-EAE acabará siendo ilegalizada dentro de unos meses, posiblemente después de las elecciones generales.
PNV: DAN PENA LOS DIRIGENTES DE ANV.
En cualquier caso, y tras reiterar su rechazo de la Ley de Partidos, el diputado nacionalista admitió que "da pena" ver "en manos de qué personajes" han caído las siglas de ANV.
También Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, se quejó del "despropósito jurídico y el gravísimo error político que supondría ilegalizar ANV y censuró al PP por mezclar la lucha contra ETA con la propuesta lanzada por Ibarretxe. "No se pueden utilizar los confictos para conseguir intereses partidistas. es algo inadmisible en una sociedad democrática", advirtió al PP.
Los portavoces de CiU, Josep Maria Guinart, y de Esquerra Republicana, Agustí Cerdà, también expresaron su rechazo a la iniciativa del PP, al que reprocharon la utilización partidista de la lucha antiterrorista y el cuestionamiento de la unidad de los demócratas.
