3 de diciembre de 2020
25 de octubre de 2020

El PSOE pide que expertos de Policía y Guardia Civil supervisen la actuación ante la "alarma social" por la okupación

El PSOE pide que expertos de Policía y Guardia Civil supervisen la actuación ante la "alarma social" por la okupación
Imagen de recurso de agentes de Policía Nacional - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido en el Congreso de los Diputados que las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil asignen a "expertos" de sus plantillas para asumir la responsabilidad de coordinar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación relacionada con la "alarma social" generada por la 'okupación'.

Esos expertos, a los que el PSOE llama "interlocutores sobre la vivienda" y también "puntos focales" en una Proposición No de Ley (PNL) registrada el 16 de septiembre a la que ha tenido acceso Europa Press, serían los encargados de supervisar los atestados policiales y también "optimizar la respuesta policial ante este tipo de delitos, canalizando programas de formación permanentes encaminados a garantizar la actuación correcta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El PSOE se remite a la Constitución para defender la inviolabilidad del domicilio siempre que no media resolución judicial o se produzca un delito flagrante, con mención al papel que juega las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos.

"El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles transgrede y afecta a la seguridad pública y ha producido una alarma social que ha incidido en la percepción subjetiva de seguridad, y que demanda una reacción coordinada por parte del Estado", recoge el texto, que alude a las instrucciones dictadas sobre esta cuestión tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Secretaría de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior.

Inspirándose en estas órdenes, el PSOE pide también "actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas" de la 'okupación', así como dar "la mejor respuesta dentro del ámbito social a todos los actores afectados".

Entre las medidas también se reclama reforzar las acciones para prevenir la aparición de grupos u organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación de las viviendas a sus legítimos propietarios para posteriormente "alquilarlas o enajenarlas fraudulentamente a terceros o utilizarlas para la realización de otras actividades delictivas en el inmueble".

El Ministerio del Interior unificó el 17 de septiembre los criterios de actuación frente a la 'okupación' tanto de la primera como de la segunda vivienda ordenando a los policías que, en adelante, elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante.

De esta forma, tienen que dejar constancia en sus diligencias de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua. El objetivo es aclarar las circunstancias para devolver la vivienda a su legítimo propietario, limitando la necesidad de aclaraciones posteriores a requerimiento de fiscales y jueces.