MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha solicitado a la juez de Primera Instancia número 49 de Madrid, Amelia Reillo, que admitió a trámite la demanda en su contra presentada por el abogado murciano José Luis Mazón por publicidad engañosa, por supuesto incumplimiento de una promesa electoral, que se abstenga de conocer la causa y la archive, al entender que un partido político no puede ser considerado anunciante con las condiciones previstas en la ley general de Publicidad.
En el escrito socialista, al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea una declinatoria de jurisdicción, en la que se explica que las cuestiones publicitarias de posible ilicitud corresponden a los juzgados del orden jurisdiccional civil, para después contestar a la demanda, que fue admitida a trámite a finales del pasado mes de enero.
En este sentido, el PSOE argumenta que es un partido político, "que no realiza actividad comercial, industrial, artesanal o profesional alguna", ni "promueve de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones". Añade que "un partido político no puede ser considerado a estos efectos anunciante", y por tanto el Juzgado que admitió la demanda debería haberla rechazado.
En este sentido, cita "Contestaciones al programa de Derecho Procesal Civil para acceso a las carreras Judicial y Fiscal", de Juan Montero Aroca y otros autores, y afirma que "sin norma expresa cabe sostener que no debe admitirse la demanda cuando es evidente que el ordenamiento no protege el interés alegado por el demandante. Sería éste el caso de ciertas demandas absurdas en que se pide que se condene al presidente del Gobierno a cumplir su programa electoral".
La demanda admitida se refiere al proyecto de reforma de la ley del Tribunal Constitucional que establece un nuevo régimen de inviolabilidad de los magistrados de esta institución. El abogado Mazón, que estaba detrás del caso que desencadenó el último enfrentamiento entre los tribunales Supremo y Constitucional, exige que el PSOE sea condenado por publicidad engañosa al haber incumplido el programa electoral de 2004, "donde prometía incidir de modo especial en la exigencia de responsabilidad de los jueces".
El letrado, representado por la abogada Encarnación Martínez Segado, se basa en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en trámite por el Congreso de los Diputados y en la que "se consagra la irresponsabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, en contra de lo prometido en 2004 por el PSOE".
El demandante basa su reclamación en la Ley de la Publicidad, que considera también aplicable al mercado electoral de los partidos políticos y pide que se declare judicialmente que la promesa electoral de potenciar la responsabilidad de los jueces y magistrados hecha por el PSOE en su programa 2004 "ha resultado ser engañosa y, por tanto, publicidad ilícita, retirándola del programa y con obligación de publicar la sentencia en dos periódicos de ámbito nacional".
Mazón no pide que se condene al PSOE a cumplir lo prometido, sino a reconocer que ha incurrido en "publicidad engañosa". A juicio del letrado demandante, este partido debe asumir las consecuencias de "toda empresa que engaña con las cualidades de sus productos (la retirada de la publicidad)".
El abogado sostiene que si la demanda prospera y se consigue que la Ley de la Publicidad se aplique también a grandes usuarios de la publicidad como son los partidos políticos, redundará en "mayor seriedad y veracidad en los programas electorales". Entiende que los partidos pueden recibir condenas judiciales por publicidad ilícita o engañosa si incumplen luego sus promesas.
EL CGPJ, EN CONTRA DE LA LEY.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado mes de octubre por 11 votos a 7 un informe que tacha de inconstitucional la inviolabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional prevista en la reforma legal del alto tribunal promovida por el Gobierno. El CGPJ cree que vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley y el de tutela judicial efectiva.
La demanda de Mazón es por incumplimiento de promesa electoral, un asunto sobre el que el Tribunal Supremo se pronunció por ejemplo el pasado mes de octubre. El alto tribunal afirmó entonces que las promesas electorales "no están sujetas al Derecho civil o administrativo", y añade que el control jurisdiccional de los "márgenes de libertad que exige la acción política supondría una grave politización de la justicia". Sería, además, "una invasión de un poder por otro, que vulneraría el principio de separación de poderes".
El abogado José Luis Mazón provocó la condena de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a once magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entre ellos su ex presidente Manuel Jiménez de Parga, a indemnizar con 5.500 euros (500 euros cada uno) a este letrado por archivar un recurso de amparo presentado por Mazón sin estudiarlo.
