El Congreso reactiva la próxima semana la reforma de la norma para restituir a los partidos políticos, a la que el PP se opone
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso reactivará la próxima semana la reforma de la ley de restitución a los partidos políticos por los bienes y derechos que les fueron incautados por el franquismo, un trámite que el PSOE quiere aprovechar para blindar la norma con el fin de evitar que Acción Nacionalista Vasca (ANV) pueda volver a recibir las compensaciones que contempla la legislación, como ocurrió en 2001.
Esta es una de las enmiendas que el Grupo Socialista ha registrado a las proposiciones de ley para reformar la norma que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 1998, en virtud de sus acuerdos con los nacionalistas, para la compensación a los partidos por los bienes incautados entre 1936 y 1939.
Esas propuestas de reforma, impulsadas por CiU, ERC e IU-ICV, fueron tomadas en consideración por el Pleno del Congreso el pasado febrero, pero los grupos no presentaron sus enmiendas parciales hasta la semana pasada, justo un día antes de que se aprobara la conocida como Ley de Memoria Histórica. El debate de las aportaciones de los grupos, a las que tuvo acceso Europa Press, se abrirá el próximo martes en la ponencia de la Comisión Constitucional.
YA RECIBIÓ CASI 700.000 EN 2001.
La intención del PSOE es que ANV, partido fundado en 1930, no pueda volver a acogerse a esta ley, como ya hizo durante el Gobierno del PP, cuando en aplicación de la norma que ahora se quiere cambiar aprovechó para reclamar indemnizaciones al Estado por un inmueble, 27 saldos corrientes y 96 arrendamientos. Por acuerdo de Consejo de Ministros, en julio de 2001, se aprobó una compensación de 684.298,12 euros para la formación abertzale, la mayor parte (678.358,65 euros) como indemnización por la incautación del inmueble que reclamaban.
Para evitar que la situación se repita, los socialistas plantean incluir un nuevo apartado en la ley que deje claro que no se podrá restituir ni compensar a "partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente".
Pero la enmienda afina aún más y establece que tampoco podrán recibirse indemnizaciones si ya se ha iniciado el procedimiento de ilegalización, aunque todavía no se haya completado, o si la formación hubiera visto anuladas algunas de sus candidaturas, en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos. Este último punto es el que impediría ya de facto que Acción Nacionalista Vasca (ANV), pudiera acogerse a esta norma, dado que algunas de sus listas para las municipales de 2007 fueron anuladas judicialmente.
Por otra parte, los socialistas buscan corregir la propuesta de reforma de CiU suprimiendo el mandato al Gobierno para que, en un plazo de tres meses, revise de oficio los expedientes incoados en virtud de la ley vigente. Alegando el respeto a la división de poderes, el PSOE rechaza incluir en la ley un mandato expreso y propone dejar en manos del Ejecutivo la revisión o no de esas solicitudes, sin fijar ningún plazo para ello.
CiU: 30 POR CIENTO POR ADELANTADO.
Asimismo, persiguen eliminar la disposición recogida en la propuesta de reforma de CiU en la que se prevé específicamente la compensación al 'Centre Autonomista de Depenents del Comerç i la Industria' por los inmuebles y derechos patrimoniales que le fueron incautados. Según los socialistas, este punto "excede el ámbito propio de aplicación" de la proposición de ley.
Por su parte, CiU ha registrado una enmienda para que las formaciones políticas puedan recibir anticipos de hasta el 30 por ciento de las indemnizaciones que les correspondan, cuando existan "elementos de juicio suficientes para ello". Los nacionalistas apuntan que otros ámbitos del régimen de los partidos políticos, así como la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común recogen adelantos por ese porcentaje.
En sus textos, IU-ICV y PNV quieren introducir mejoras destinadas a evitar una interpretación restrictiva de la ley de 1998 y a flexibilizar los requisitos formales y documentales que se exigen para poder solicitar estas indemnizaciones.
SALDOS EN EFECTIVO, ALQUILERES Y BIENES EN EL EXTRANJERO.
Así, IU-ICV plantea que los partidos puedan ser compensados también por la incautación de saldos en efectivo y de locales que las formaciones políticas disfrutaban en régimen de arrendamiento y propone que el importe de la compensación por este último motivo, se fije por un periodo máximo de duración del contrato de diez años.
La cuantía de las indemnizaciones se calculará actualizando la renta anual o la cuantía incautada según el índice del valor constante de la peseta y el euro desde 1936 elaborado por el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística y no podrá superar los 5 millones de euros. Cuando no se pueda acreditar "de forma fehaciente" la condición de arrendatario, la renta o la duración del contrato, IU-ICV defiende hacer el cálculo por un contrato de diez años a una renta de 9 euros anuales.
Por su parte, el PNV sugiere que la ley se aplique también a las propiedades que las formaciones políticas tenían entonces fuera de España, argumentando la persecución del régimen franquista "se hizo efectiva también más allá de las fronteras, en connivencia con los regímenes dictatoriales que imperaron en Europa". Igualmente, pide que se permita "cualquier tipo de prueba" para acreditar la titularidad de los bienes y derechos que se reclaman, habida cuenta de que la dictadura había "una coyuntura conflictiva que impedía producir y conservar documentos con normalidad".
EL PP NO QUIERE RETOQUES.
Con el mismo principio, solicita suprimir condiciones "diabólicas" para justificar los locales donde los partidos estaban en alquiler recalcando que en la Guerra Civil hubo que abandonar esas sedes "sin que hubiera "actas de pérdida" del derecho, recuperando el propietario automáticamente la posesión de la finca, sin papel justificante alguno.
Por último, el PP se limita, en su batería de enmiendas, a proponer la supresión de todos los cambios que se quieren introducir, pues argumenta que "no procede ninguna modificación ni ampliación" de la cita norma. A su juicio, la ley de 1998 fue objeto ya de un amplísimo consenso entre los diversos grupos parlamentarios y su ejecución, además, ha representado una plena restitución o compensación de los bienes y derechos incautados por Franco.
