MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, presentarán el próximo lunes, 24 febrero, ante el Tribunal Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes valencianas que suprimió el servicio público de la Radio Televisión Valenciana (RTVV).
Canal Nou puso fin a sus emisiones el pasado 29 de noviembre, tras 24 años de emisión, 24 días después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciara el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV). De este modo, a las 12.19 horas la pantalla de la televisión se fue a negro. En el caso de Nou Ràdio, el cese fue a medianoche.
Fabra anunció el pasado día 5 de noviembre el cierre de RTVV, apenas siete horas más tarde de conocerse la nulidad judicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectó a alrededor de un millar de trabajadores. Desde ese día, las protestas de los trabajadores se repitieron.
El 11 de noviembre, 49 votos a favor de diputados del grupo popular aprobaron en el pleno del parlamento autononómico la proposición de ley presentada por el PP en la que autorizaba al Consell a la extinción, disolución y liquidación de la sociedad pública.
La norma entró en vigor el jueves 14 de noviembre, tras su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el mismo día de su aprobación.
El PSOE ya presentó el pasado 14 de noviembre otro recurso ante el Alto Tribuinal contra el decreto ley "ilegal y dictatorial" de la Generalitat valenciana de cerrar la Radio Televisión Valenciana (RTVV) y de modificar de urgencia su normativa para cambiar su dirección.
Entonces, Rodríguez explicó que este decreto ley era "claramente ilegal" porque va en contra del artículo 86.1 de la Constitución española que establece que las condiciones para que se pueda dictar un decreto ley son razones extraordinarias y de urgente necesidad.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió este primer recurso el pasado 9 de noviembre, aunque su admisión a trámite no supuso la suspensión de la vigencia de la norma recurrida.
