MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende exigir que los cargos públicos certifiquen cuál es su situación patrimonial y si tienen deudas con el fisco antes y después de concluir su mandato.
De esta forma los socialistas han formalizado el anuncio de una de las medidas que su secretario general, Pedro Sánchez, anunció recientemente durante la presentación del código ético contra la corrupción que propugna, en el que también se incluye la exigencia de dedicación exclusiva a los parlamentarios.
MAYOR EJEMPLARIDAD Y RESPONSABILIDAD
El PSOE promueve esta iniciativa ante la necesidad de que los representantes y cargos públicos respondan a un "principio de ejemplaridad", lo que les obliga no sólo al cumplimiento de la ley, sino también a "un mayor grado de responsabilidad" con la función que desempeñan.
Ello exige, según apunta, la adopción de medidas para mejorar el régimen de declaraciones aplicable a los miembros del Gobierno, altos cargos de la Administración General del Estado y parlamentarios en relación con la transparencia de su situación tributaria y patrimonial.
En concreto, los socialistas plantean la conveniencia de impulsar, mediante las iniciativas parlamentarias oportunas, las modificaciones normativas necesarias para que a los miembros del Gobierno y altos cargos, así como a los parlamentarios, se les obligue a obtener y presentar, al inicio y al final del mandato las certificaciones tributarias acreditativas del cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública.
DEBE ENCONTRAR UN ALTO GRADO DE CONSENSO
Pero, además, el partido que lidera Pedro Sánchez aboga por hacer lo propio con sus situaciones patrimoniales y las variaciones que las mismas hayan sufrido durante el tiempo en que se hayan desempeñado funciones públicas, "sin perjuicio de las declaraciones que deban remitirse a los correspondientes Registros de Intereses".
Los socialistas creen que una medida de esta naturaleza "necesariamente" debe encontrar "un alto grado de consenso político y social" porque de esta forma se contribuiría a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y, especialmente, a "reforzar" la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
