Congreso y Senado deben proponer a nombres y lo tradicional es que surgieran de un pacto de los grupos mayoritarios
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha renunciado a pactar en solitario con el PP la entrada de un parlamentario socialista en el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. La ley del mismo nombre establece que un diputado y un senador deben formar parte del órgano que velará por el cumplimiento de esta norma y lo tradicional en estos casos es que los dos grupos mayoritarios se repartan estos puestos. Así ocurre, por ejemplo, en la Agencia de Protección de Datos.
Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes socialistas, el primer partido de la oposición no quiere acordar este asunto sólo con el PP y va a proponer un nuevo mecanismo para la elección de estos dos parlamentarios que facilite la participación en el proceso de otras formaciones.
El Gobierno ha apremiado ya a las Cortes y a las demás instituciones que deben elegir a los vocales que integrarán el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno a designar a sus representantes en este órgano que el Ejecutivo quiere que esté constituido a más tardar el próximo 10 de diciembre, día en que entra en vigor el grueso de la Ley de Transparencia.
El Consejo de la Transparencia, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está formado por una Presidencia --que ocupará Esther Arizmendi, quien ya ha recibido el correspondiente certificado de idoneidad del Congreso--, por la denominada Comisión de Transparencia y Buen Gobierno --integrada por siete vocales propuestos por distintas instituciones-- y por dos subdirecciones generales: la de Reclamaciones y la de Transparencia y Buen Gobierno.
Los siete vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno serán un diputado, un senador, un consejero del Tribunal de Cuentas, y sendos representantes del Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría General de Administraciones Públicas y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
Dado que queda una semana para la entrada en vigor de la parte de la Ley de Transparencia que obliga a la publicidad activa de la Administración General del Estado y a facilitar la información que reclamen los ciudadanos, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ya ha instado a todas estas instituciones a designar a sus representantes en el Consejo de la Transparencia.
REQUERIMIENTO POR DOS VÍAS
El requerimiento se ha realizado por dos vías: por un lado, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha remitido el correspondiente escrito al Congreso y al Senado y, por otro, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha sido la que ha contactado con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establece que las propuestas para el nombramiento de los vocales serán elevadas al Gobierno --que será el encargado de los nombramientos-- a través conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que la composición de la comisión deberá respetar "el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres".
LOS VOCALES PODRÁN SERLO HASTA UNA DÉCADA
Los vocales serán nombrados por cinco años, igual que en este caso la presidenta del Consejo de la Transparencia pero, a diferencia de ésta, ellos si podrán prorrogar su mandato otro lustro.
Aunque el Estatuto del Consejo de la Transparencia no hace referencia al régimen retributivo de los vocales, el artículo 36 de la Ley de Transparencia deja claro que no tendrán "dedicación exclusiva" ni derecho a "remuneración". Sólo señala una excepción, la reunión que, al menos una vez al año, habrá de convocar la comisión a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
La presidenta del Consejo, por su parte, percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
