SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de los socialistas tinerfeños destituido a petición de la Ejecutiva Regional, Nacho Viciana, ha solicitado la suspensión de su expediente disciplinario "hasta la finalización de la causa judicial abierta contra la imposición de las gestoras".
Viciana explica en un comunicado que ni en la notificación del Acuerdo de Iniciación del Expediente, incumpliendo el art.53.1.b del Reglamento de Afiliados, ni en la comunicación de la instructora, "se concretan los hechos que motivan la incoación del mismo ni su calificación provisional, sustituyéndolas por menciones vagas, genéricas, imprecisas y juicios de valor del estilo de manifestaciones y declaraciones que vulneran nuestras normas, cuestionando las decisiones de los órganos y menoscabando la imagen de nuestros cargos públicos y orgánicos, las declaraciones realizadas adquieren una dimensión especialmente delicada".
En consecuencia, Viciana ha señalado que "no puede efectuar una propuesta de medios de prueba en relación a hechos que no se concretan, por lo que se le coloca en situación de indefensión; resulta evidente que desconociendo las manifestaciones que se consideran sancionables, no puedo probar que su contenido es verdad".
Nacho Viciana ha agregado que "la apertura de este expediente es profundamente arbitraria, no sólo porque todas mis actuaciones frente a una resolución ilegal tienen una justificación manifiesta: la defensa de derechos fundamentales y principios constitucionales que vinculan la estructura, funcionamiento y actividad de los partidos políticos".
En esta tesitura, ha añadido que "recientemente, con gran frecuencia, se han producido en el ámbito del PSC-PSOE hechos como la adopción de mociones de censura con tránsfugas (41.c del Reglamento de Afiliados), la falta de honradez en el desempeño de cargo público, dando lugar a imputaciones judiciales por tráfico de influencias o por cohecho de diversos cargos públicos (art.41.e del citado Reglamento) que encima han accedido con posterioridad a responsabilidades orgánicas. Así como reiteradas e injustificadas críticas políticas --con gran cobertura mediática, hasta de ámbito nacional-- contra cargos institucionales y orgánicos, opuestas no sólo a la línea política aprobada por el Congreso de los Socialistas Canarios, sino a decisiones del Gobierno de España, de sobrada entidad y reiteración como para merecer la calificación de faltas muy graves o graves (art.40.g del Reglamento), sin que se haya tomado medida alguna para exigir responsabilidades disciplinarias".
A juicio de Viciana, "tampoco debe obviarse intencionadamente mi condición de secretario general de los socialistas tinerfeños democráticamente elegido, y la legitimidad que nace de esa elección, para poder valorar jurídica, política y hasta éticamente mi respuesta en relación a una resolución contraria al ordenamiento jurídico. A menos que lo que pretenda Aurelio Abreu, que ha decidido incoar el expediente antes de que la Gestora haya sido completa y formalmente nombrada, sea intimidarme a fin de que renuncie a mis derechos de libertad de expresión, crítica política y defensa jurídica frente a dicha resolución. Crítica y defensa a las que no sólo tengo derecho, sino que constituyen un deber para quien ha ostentado aquella condición y legitimidad democráticas, en mi propio nombre y en representación de los militantes que me han elegido".
Finalmente, ha señalado Viciana "el artículo 34.1 del Reglamento de Afiliados, que lleva la rúbrica 'Del solapamiento con un proceso judicial', dispone que cuando existan abiertas actuaciones judiciales en relación con los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario se podrá proceder a la suspensión del expediente hasta la finalización de la causa judicial abierta".
Según Viciana "es evidente que cualquier valoración jurídica de manifestaciones públicas que hayan sido efectuadas por mí en el ejercicio de mis derechos de libertad de expresión, crítica y defensa frente a la resolución de suspensión de la Ejecutiva Insular, depende de que dicha resolución sea efectivamente declarada contraria a Derecho, lo que acarrearía la nulidad del nombramiento de la Comisión Gestora y del propio expediente disciplinario incoado por Aurelio Abreu Expósito".
