MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Varias enmiendas que serán debatidas en el Congreso Federal que celebrará el PSOE el primer fin de semana de febrero en Sevilla piden que el partido obligue a dimitir a cualquier cargo institucional u orgánico que sea imputado en casos de corrupción, aunque sea de manera cautelar para "salvaguardar la transparencia y el buen nombre" del PSOE.
Así consta en una enmienda aprobada por el PSOE sevillano a la ponencia marco que el partido debatirá en su 38 Congreso Federal. También en otras de Teruel y Ciudad Real, que piden que los cargos tengan que cesar de manera automática en caso de "imputación judicial". En Málaga reclaman que todo afiliado tenga que firmar un código ético comprometiéndose a su "baja voluntaria automática y temporal en caso de estar inmerso dentro de una causa judicial por corrupción o delitos graves hasta aclararse su situación procesal".
Otra más, del PSOE coruñés, apuesta por hacer un reglamento interno que impida a los tránsfugas e imputados en alguna investigación judicial concurrir en listas electorales hasta que haya "una sentencia absolutoria" y, si la investigación se inicia cuando se ocupa un cargo institucional u orgánico, dimisión inmediata y suspensión voluntaria de militancia hasta que se resuelva el proceso.
Por su parte, el PSOE de León pide que todo candidato a un cargo electo se comprometa a dimitir si su actuación personal, profesional o política, en particular por causas judiciales, perjudica la imagen del PSOE. Córdoba habla de suspensión de militancia en los casos de corrupción económica hasta que se resuelva la acusación mientras Granada habla en cambio de personas "condenadas" en una causa judicial.
Por su parte, Juventudes Socialistas pide que no se permita afiliarse a ninguna persona que esté condenada por delitos de corrupción, de violencia de género u otros delitos graves.
Por otro lado, varias enmiendas reclaman que los condenados por fraude fiscal deban devolver las cantidades defraudadas al Estado, incluso que se condicione a ello el disfrute de beneficios penitenciarios, además de aumentar a 10 años el plazo de prescripción de los delitos fiscales.
