La Comisión Bilateral de Cooperación ratificará el acuerdo para evitar el litigio con el Estado sobre la Ley de Horarios Comerciales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, aprovechará el lunes su primera reunión de trabajo con Elena Salgado desde que tomó posesión de la cartera de Administraciones Públicas, para demandar la agilización del traspaso de seis competencias pendientes a Galicia, cuya transferencia planteó ya en febrero al anterior ministro.
Según informaron a Europa Press fuentes de Vicepresidencia, en este primer encuentro oficial con Salgado, Quintana reclamará a "una mayor diligencia" para materializar los traspasos pendientes y reforzar el autogobierno gallego mediante el desarrollo del actual Estatuto, tras el fracaso de su reforma el pasado mes de enero.
Quintana ya advirtió el pasado mes de agosto que Galicia "empieza a tocar línea roja" en sus relaciones con el Ejecutivo central y puso de plazo "septiembre o comienzos de octubre, como máximo", para solucionar esta situación. Así, las dos últimas transferencias cerradas, el Colegio Juan de Lángara de Ferrol y la facultad para expedir el título de gestor administrativo, estimó que son "escasas".
Por ello, el vicepresidencia acude el lunes a Madrid con el objetivo de que antes de finales de este año se puedan materializar traspasos en algún ámbito como el salvamento marítimo; la inspección de trabajo; los centros de investigación del Estado con sede en Galicia; y los archivos históricos y museos.
Además, la Xunta también aspira a que Galicia gestione los bienes reservados a la Tesorería de la Seguridad Social y adscritos a servicios y competencias ya transferidos a la comunidad; y que se salde la deuda de superficie de la Administración del Estado en las cuatro provincias.
LEY DE HORARIOS COMERCIALES.
Antes del encuentro entre ambos mandatarios se celebrará una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación para ratificar el acuerdo por el cual la Xunta evitó que el Gobierno central recurriese ante el Tribunal Constitucional la Ley de Horarios Comerciales. Quintana y el anterior ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, llegaron a un acuerdo el pasado mes de junio para evitar el litigio con el Estado sin tener que tocar la ley aprobada por el Parlamento gallego.
El Gobierno central entendía que Galicia se excedía en sus competencias al establecer la obligatoriedad de que los establecimientos comerciales cerrasen en determinadas fechas y que ello contradecía la normativa estatal. No obstante la delegación gallega consiguió que se aplicase la misma solución interpretativa que se dio a la ley catalana.
