((AMPLIACIÓN))
MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP, Mariano Rajoy, apostó hoy por "retocar" la Constitución Española para "asegurar la funcionalidad" del Estado y que no sea "una perpetua incertidumbre que vacía su contenido entre la Unión Europea y las Comunidades Autónomas". Y aclaró que no propone una reforma en profundidad de la Carta Magna, "de las que exigen un procedimiento agravado", sino "ajustes parciales que no deben afectar a los pilares fundamentales del sistema".
El presidente se manifestó así en la clausura de la conferencia política del partido sobre el modelo de Estado. Entre las conclusiones presentadas, figura que la reforma de la Constitución sirva para fijar las competencias exclusivas del Estado en política exterior, de defensa, seguridad y de la gestión de la coordinación en situaciones de crisis, así como para "clarificar" las competencias en "materias esenciales" como el urbanismo o la inmigración. También propone el PP eliminar del artículo 150 la posibilidad de que el Estado transfiera alguna de sus facultades, permitiendo "sólo" la delegación.
Por otro lado, el líder del PP insistió en que no pretende "imponer nada a nadie, sino recuperar el tradicional consenso entre los dos partidos mayoritarios". "El caso es que solamente podrán corregirse los desajustes en el modelo de Estado si se ponen de acuerdo PP y PSOE", apuntó, aunque avisó de que el acuerdo con los socialistas sólo podrá recuperarse cuando José Luis Rodríguez Zapatero no lidere ese partido.
La responsable de política autonómica y local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del partido en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, resumieron el trabajo de estos dos días. Trillo explicó que cualquier reforma "debe ir dirigida a un Estado cada vez más eficaz, no a uno cada vez más fragmentado". Subrayó que el desarrollo autonómico constituye un "modelo acertado" y que el PP es "profundamente autonomista", pero que se está planteando "alguna encrucijada" que exige medidas. Las tensiones se han reproducido en estos dos años de Gobierno socialista, según el PP, porque el Gobierno ha renunciado a ejercer las competencias estatales.
CONSENSO POR LEY
Soraya Sáenz de Santamaría repasó otras de las conclusiones, como que las reformas estatutarias necesiten para salir adelante de dos tercios de los parlamentos autonómicos y de las Cortes Generales. "Que no se apruebe ningún estatuto de autonomía sin el consenso de los dos grandes partidos nacionales", defendió. El PP propone igualmente que en la Constitución se concrete "el objeto y el contenido" de los estatutos y que se "profundice en los mecanismos de garantía del principio de solidaridad en la gestión de los recursos esenciales, como el agua y otros recursos naturales".
Dentro de ese retoque constitucional para reforzar el Estado, los 'populares' añaden que se reserve al Tribunal Supremo el recurso de casación, "que garantiza la igualdad de los españoles en la aplicación de la ley", y que se otorgue al Tribunal Constitucional capacidad para suspender las leyes orgánicas.
Y en otro orden de cosas, el PP incluye entre sus conclusiones que se suprima de la Carta Magna la Disposición Transitoria Cuarta, que regula la posibilidad de que Navarra se incorpore al País Vasco. Añaden como necesario que, al mismo tiempo, se modifique el Amejoramiento del Fuero para establecer que "cualquier alteración del status constitucional de Navarra" sea refrendado por los navarros, además de por sus instituciones.
COORDINACIÓN ESTADO-CCAA
Otro bloque de propuestas del PP no afecta a la Constitución, sino a la legislación inferior, y va dirigido a reforzar la colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Soraya Sáenz de Santamaría reclamó "un marco estable de cooperación multilateral".
En este sentido, entre las propuestas surgidas de esta conferencia política figura la aprobación de una ley de cooperación Estado-CCAA y una agencia para la coordinación en situaciones de emergencia. También, que se unifique en una norma los mecanismos de coordinación sobre la posición de las autonomías ante la Unión Europea.
Sáenz de Santamaría también explicó que el PP quiere una Ley de Educación que refuerce los contenidos comunes y que asegure "el derecho de los padres a elegir la educación que deseen". En este punto, la responsable de política autonómica aseguró que se "quiebra la libertad" de los ciudadanos cuando "en una comunidad se impone la lengua en la escuela, los comercios y hasta en los billetes de avión".
Dentro de este capítulo de legislación estatal, el PP propone una ley que recoja un catálogo de prestaciones sanitarias básicas, una agencia de la calidad de la Justicia, una ley de ordenación general de la economía o que se cree por ley la comisión para velar por la unidad de mercado.
URBANISMO Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL
Una de las propuestas 'populares' es que se aclare en la Carta Magna la competencia estatal sobre asuntos "esenciales" como el urbanismo. Sáenz de Santamaría aseguró que tanto el PSOE como el PP en el Gobierno han tenido problemas con el Tribunal Constitucional al legislar sobre el suelo, por las competencias autonómicas y municipales.
"Hay que ver qué podemos hacer para que las Cortes Generales tengan capacidad para diseñar un marco general de urbanismo. Sería necesario que pudiera hacerse", explicó, para añadir que esa legislación se desarrollaría en "plena coordinación" con las CCAA. "Un Ministerio de la Vivienda sin competencias no es la mejor manera para llevar a cabo esta política", dijo.
Soraya Sáenz de Santamaría añadió que al hilo de este asunto es necesario reformar la financiación local, porque los ayuntamientos emplean el planeamiento urbanístico para lograr recursos con los que pagar los servicios que prestan, "muchos de ellos sin tener la competencia". "No tiene que ver con el comportamiento deshonesto de algunos -aclaró--, pero el planeamiento sirve para tener financiación que pague los servicios públicos".
En este punto, criticó la reforma de la ley del gobierno local que prepara el Ministerio de Administraciones Públicas, porque no incluye un capítulo económico. "Y que no nos la venda como una ley anticorrupción, cuando sólo contempla tres artículos sobre cuestiones conexas con la corrupción", añadió Sáenz de Santamaría, para quien el ministro Jordi Sevilla hace un "uso electoralista" de este proyecto".
La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, expuso por su parte que la especulación con el suelo se debe a que "determinados organismos tienen una enorme capacidad de decisión" y abogó por una legislación que no deje todos los pasos "en manos de un concejal o de un consejero". "Parece de sentido común", agregó, y pidió que se sea "cauteloso" en la "defensa enconada de las competencias, para que no vayan en contra del interés general".
