El alcalde y la portavoz municipal se muestran convencidos de una sentencia absolutoria
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Los siete concejales del Ayuntamiento de Santiago acusados de un presunto delito de prevaricación por autorizar la defensa en el marco de la Operación Pokémon del edil Adrián Varela se han escudado que sólo se pagaría el coste en el caso de que fuese absuelto.
Respaldados por el alcalde, Ángel Currás, y por el exregidor Gerardo Conde Roa, uno tras otro, todos los concejales encausados --que respondieron a todas las preguntas y que renunciaron al turno de palabra final que les concede la ley-- han asegurado que el acuerdo que aprobaron el 30 de mayo de 2013 estaba "condicionado" a la ley, en contra de la visión de la fiscala, Aranzazu San José. De hecho, la representante del Ministerio Fiscal pide para todos ellos nueve años de inhabilitación especial para cargo público por "no defender bien" el "interés general".
La primera en comparecer en la sesión --que se prolongó durante unas seis horas-- ante el juez Jesús Leal Rodríguez, de la Sala de lo Penal número 1 de Santiago, fue la concejala de Personal, Amelia González, quien ha reiterado que el acuerdo estaba vinculado "al informe del secretario".
Amelia ha asegurado que entendía todos los "condicionantes" para pagar a la defensa del concejal, a la que posteriormente Adrián Varela renunció después de que trascendiese públicamente esta decisión. La propia portavoz del gobierno local, María Pardo, tachó de "error político" que el edil pidiese el pago de su defensa.
Las discrepancias entre si el informe del secretario municipal condicionaba el acuerdo o no originaron uno de los momentos de tensión de la vista, en la que el juez llegó a llamar la atención de los acusados y presentes en la sala por usar los teléfonos móviles y hacer gestos al respecto de las intervenciones que tenían lugar.
"Yo no estaba juzgando a Adrián Varela", justificó Amelia González, a quien la fiscala Aranzazu San José le reprochó que en el acuerdo adoptado figuraba ninguna condición. A ello también respondió María Pardo rebatiendo que sí lo recogía porque se hacia referencia a su existencia.
LO CONOCÍAN POR LOS MEDIOS
Pese a que la fiscal sostuvo que los concejales "sabían que era un caso de corrupción" el asunto para el que Adrián Varela pedía el pago de su defensa, todos los concejales se remitieron a que lo que sabían era por los medios de comunicación y, como en el caso de Juan de la Fuente, puso en duda lo que en ellos se publica.
Por su parte, la concejala de Hacienda, Cecilia Sierra, aseguró durante su intervención que el acuerdo para el pago de la defensa establecía que debería "reembolsar" el dinero en caso de no ser declarado inocente. María Castelao, también se reafirmó en que estaba sometido a los "futuribles" y aseguró que "no dudó" de la legalidad de lo aprobado para justificar que no se analizase en mayor profundidad.
Al respecto de esas premisas legales, el concejal Juan de la Fuente admitió que, "en el momento" en que se aprobó el acuerdo, no se daban, pero ha insistido en que se trataba de aprobar "un derecho" para un concejal, no de una cuantía concreta.
A ello, el concejal de Fiestas añadió que "no se adoptó un acuerdo de barra libre" en lo relativo al pago de la defensa y, pese a que otros no coincidieron con él, Francisco Noya dijo que sí se produjo "un pequeño debate" sobre el acuerdo que se iba a adoptar.
TESTIGOS
Por parte de la Fiscalía fueron llamados a declarar el secretario y la interventora apartados por el PPdeG tras asumir las riendas del Ayuntamiento, Javier Castiñeira e Inma Carregal, respectivamente. Ambos están inmersos en causas judiciales por su relevo, en el caso del exsecretario, personado en la Pokémon.
Llamado como testigo perito, Castiñeira consideró que el acuerdo establecía "un vínculo" entre el Ayuntamiento con consecuencias económicas en su caso, aunque también aceptó que la transcripción literal del informe en el acta del acuerdo adoptado suponía la motivación para el mismo.
Por su parte, la que fue interventora municipal dijo que había una "apariencia de aprobación de gastos y opinó que haría falta un informe de Intervención por comportar gasto de los presupuestos.
En cuanto a la defensa, fueron llamados los actuales secretario, vicesecretario e interventor, así como los autores del informe jurídico de la Diputación de A Coruña. Todos ellos respaldaron la "legalidad" del acuerdo adoptado, aunque comportase un gasto, porque éste podría ser reembolsado.
CONFÍA EN LA INOCENCIA
"Tenemos esperanza y tenemos confianza en que, desde luego, la sentencia sea favorable", ha manifestado el alcalde de Santiago, Ángel Currás, a la salida del juzgado. Así, en declaraciones a los medios, ha mostrado su confianza en que han sido "capaces de demostrar su inocencia".
Preguntado por si se pondrá en contacto con el presidente de la Xunta y del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha contestado: "Yo creo que ya estará informado puntualmente y valoraremos eso".
Currás ha admitido que estas cuestiones "tienen un daño político y de imagen, sin duda alguna", pero ha esperado que, para reponer esa imagen, la "sentencia" sirva de "contrapunto".
Por su parte, María Pardo, que expresó estar "cansada" y quien ha querido calificar la actuación del Ministerio Fiscal, la cual "se calificará en la sentencia por su señoría", ha mostrado su confianza "absoluta" en que el fallo será absolutorio.
Asimismo, en declaraciones a los medios, ha asegurado que "sobradamente" han sido capaces de demostrar su inocencia y ha reiterado que ella siempre creyó que no tenían que haberse visto en esta situación.
"Tener que estar sentado, explicar algo que tú crees que has actuado éticamente, pues molesta; además, sabéis que soy una persona caliente y tener que demostrar en lo que yo creo y en mi inocencia, me enfada. (Pero) contenta y feliz de que la justicia sea rápida", ha manifestado.
