Ridao (ERC) cree que hay que conseguir una buena financiación, pero que "más vale un no acuerdo que un mal pacto"

Actualizado: domingo, 27 julio 2008 20:34

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ERC, Joan Ridao, aseguró hoy que hay que conseguir un "buen acuerdo de financiación" autonómica aunque el Estatut marque un techo limitado, si bien indicó que "más vale un no acuerdo que un mal pacto que perpetúe, con un poco de maquillaje, la situación actual".

"Debemos aspirar a lo máximo porque es justo y necesario", subrayó Ridao, quien afirmó que, si finalmente el Gobierno español "no quiere cumplir e intenta rebajar lo que pertenece a Cataluña y a sus ciudadanos" no hay que aceptar. "Más vale no quemar un cartucho tan importante como este", añadió en un comunicado.

Según el republicano, la ciudadanía debe tomar consciencia de lo que se están jugando en esta negociación: "el bienestar de las futuras generaciones de catalanes", y recordó que el déficit fiscal perjudica a las clases populares porque "los servicios públicos están colapsados".

En relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Ridao afirmó que, si el Gobierno español "sigue incumpliendo el Estatut en lo que respecta a las inversiones", los partidos catalanes tienen el "deber" de no avalarlos.

Apuntó, en este sentido, que si algunos necesitan argumentos para no avalar "sólo hace falta mirar los datos de ejecución de lo que se pactó para el 2008". "El Gobierno de Madrid sólo ha licitado unos 800 millones, lo que representa un 21,4 por ciento de la inversión prometida", denunció y añadió que, de esta manera, "se evidencia que se está incumpliendo el Estatut".

Así, recordó que los presupuestos que se negociaran a partir del otoño de 2009 son los terceros en los que se tendrá en cuenta la disposición adicional tercera del Estatut, que marca que, durante siete años, la inversión del Gobierno español en Cataluña, debe ser equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto del Estado.

"Ya sólo quedarán la mitad de los años" que marcaba esta disposición, la cual "en teoría debía servir para mitigar el maltrato inversor que, desde siempre, ha tenido el Estado hacia Cataluña en relación a las infraestructuras", sentenció Ridao.