MÁLAGA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado que participó en la operación Crucero Banús con un 15 por ciento y que entregó al ex primer teniente de alcalde Pedro Román "cuatro cheques de moneda extranjera que tenía de una operación inmobiliaria que había hecho" y, además, 50.000 euros en efectivo, siendo su aportación total de 742.000 euros.
Roca ha declarado a preguntas sólo del fiscal y su interrogatorio continuará este martes, después de que ya hayan declarado en relación con esta operación otros acusados como son el ex comisario Florencio San Agapito, que ha declarado este lunes; y el ex edil marbellí Pedro Román, su hija, y el letrado Juan Hoffman, que lo hicieron la pasada semana. Según el fiscal, estos se concertaron para adquirir una parcela "sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad" y un posterior beneficio económico total de más de seis millones de euros, al revenderla.
Roca ha asegurado que los beneficios en virtud de la liquidación que le correspondían a él, que fueron de 1,5 millones de euros, se transfirieron a una cuenta de una fundación de Liechtenstein, denominada Melifero, de la que era ya antes derechohabiente. Cuestionado por la acusación pública sobre la declaración a la Hacienda Pública del rendimiento de este dinero, ha contentado: "Si yo participo con dinero opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".
Respecto al convenio urbanístico para esta operación, ha asegurado que el entonces alcalde, Jesús Gil, "determinaba las condiciones" de los convenios "siempre", mientras que "lo que hacía la oficina de planeamiento que yo dirigía era elevar propuestas" y en el caso concreto de esta operación ha dicho que "tenía instrucciones de modificar los parámetros" del convenio que ya existía.
En este punto, ha explicado que el ex alcalde dijo que "precisamente por ser Pedro Román no se le iban a mantener los parámetros fijados" para el anterior propietario, sino que "había que duplicar" las cesiones al Ayuntamiento, asegurando que Gil le indicó que "cuadrara el precio en 240 millones de pesetas". "Yo no iba decir al tasador que me modifique el precio al alza, sino que lo que hice fue poner un mayor aprovechamiento al ayuntamiento, un 22 por ciento, para cuadrar. Esa fue mi intervención".
Asimismo, ha señalado que en el otorgamiento de la licencia no tuvo nada que ver, añadiendo que según las últimas actuaciones judiciales por delitos contra la ordenación del territorio "no existe ningún dato objetivo que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística".
El fiscal pide para Roca nueve años por blanqueo; seis años por malversación de caudales públicos; otros seis años de prisión también por malversación de caudales públicos; dos años de cárcel por fraude; seis años por cohecho pasivo y un año de prisión por cohecho pasivo acto injusto.
