MARBELLA (MÁLAGA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los ex alcaldes de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como el que fuera asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, deberán comparecer la próxima semana para declarar en calidad de imputados en relación a dos operaciones urbanísticas cuya investigación se deriva del caso 'Malaya', citación que ha sido suspendida en varias ocasiones.
Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el lunes día 16 está prevista la comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que se encarga del caso, Roca y Muñoz, así como los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano Pastor, ambos también procesados como los primeros en la causa principal; y un empresario.
Por su parte, para el martes han sido citados a declarar en esta pieza separada del caso, además de la ex alcaldesa, el tasador José Mora, que tiene varias causas derivadas de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por temas de convenios urbanísticos; los empresarios procesados en 'Malaya' Carlos Sánchez y Andrés Liétor; y una mujer.
El juez de Instrucción número 5 marbellí, Óscar Pérez, dictó en diciembre de 2007 una resolución en la que acordaba practicar varias diligencias de investigación en relación a las operaciones 'Ave María' y 'Francisco Norte', tras el atestado aportado por uno de los grupos de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía en la causa principal.
Respecto a 'Ave María', en dicho auto se explicaba que se inicia con un convenio en septiembre de 2002 entre el Ayuntamiento, siendo Muñoz alcalde accidental, y la empresa CCF 21, cuyos titulares serían los empresarios Sánchez y Liétor, que supuso un perjuicio para el Consistorio "considerable", pues percibió una finca valorada en menos de 30.000 euros y cedió aprovechamientos por valor de 1,4 millones.
Este daño económico era según el planeamiento de 1986, pues con los parámetros de la revisión del 98, que no llegó a ser aprobada, "el perjuicio ascendía a 3,9 millones de euros". Según el juez, el Ayuntamiento justificó la necesidad de permuta en que tenía interés en adquirir terrenos destinados a servicios para ubicar el vertedero municipal.
Antes de ese convenio, según las primeras investigaciones, los aprovechamiento de esta parcela y de otra ya fueron vendidos como cosa futura por dicha empresa a la sociedad Masdevallía "propiedad de Roca", que vendió los aprovechamiento de la parcela investigada a otra sociedad Obarinsa, propiedad del empresario citado a declarar como imputado.
Además, el suelo que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento lo adquiere siendo el vender otra empresa propiedad de Roca, según indica el auto, en el que se precisa que la secuencia documental "ofrece trazos de querer utilizar una finca propiedad del señor Roca y de escaso valor como justificación para obtener del Ayuntamiento una contrapartida extremadamente onerosa para éste".
En el caso de la operación denominada 'Francisco Norte', también se enmarca en un convenio urbanístico suscrito en 2002, en esta ocasión en enero, por el que el Consistorio marbellí "se obligó a abonar" a una empresa casi tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible edificar" en dicha parcela, según señala el juez.
Los cambios sufridos en ese suelo, detallados en el informe policial, sugieren, según el instructor, "una actividad que presenta trazos de estar dirigida a defraudar los intereses municipales". Además, señala que deberá investigarse una licencia otorgada por Yagüe para segregar el subsuelo de la finca y verificar si la calificación permitía un aprovechamiento independiente.
En relación a esta operación, el juez ya tomó declaración como imputado al ex secretario municipal marbellí Leopoldo Barrantes por un delito de falsedad en documento público, negando éste que el documento realizado respecto a una comisión de gobierno celebrada en enero de 2003 sea una certificación.
