Están citados en el Juzgado el día 24 para que admitan o nieguen si su participación en el acto violó la ley de incompatibilidades.
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes del Congreso y del Senado, Manuel Marín y Javier Rojo, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y los magistrados del Tribunal Constitucional Eugenio Gay y Ramón Rodríguez Arribas han sido citados por el Juzgado a un acto de conciliación en el que deberán admitir o negar si su participación en el Premio Jurista Pelayo, que en su última edición recayó en la presidenta del TC, María Emilia Casas, violó el principio de imparcialidad de la Ley de Incompatibilidades.
En la providencia de citación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, José María Pereda, advierte a los citados que en el caso de que no se personen en la sede judicial el próximo día 24 a las 13.40 horas "se dará el acto por intentado sin efecto, condenándole en las costas"
El acto de conciliación ha sido promovido por la Asociación Preeminencia del Derecho, presidida por el abogado José Luis Mazón, quien pretende que Marín, Rojo, López Aguilar, Múgica y Aguirre "reconozcan que la utilización del cargo que han hecho al formar parte de la Mesa Presidencial del Premio Jurista Pelayo del pasado 16 de noviembre constituye una infracción jurídica de sus obligaciones legales establecidas por la Ley de incompatibilidades".
Según consta en la demanda de conciliación, a la que ha tenido acceso Europa Press, con su participación en dicha Mesa, "comprometen la imparcialidad y neutralidad de la institución al formar parte de un acto de publicidad empresarial de una firma mercantil como es Pelayo". También les pregunta sobre si han recibido algún tipo de contraprestación por su asistencia.
En cuanto a los magistrados del Tribunal Constitucional Eugenio Gay y Ramón Rodríguez Arribas, que han recurrido en reposición la citación, la demanda les imputa ser integrantes del jurado del Premio Pelayo, que en la pasada edición le fue entregado a la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas.
QUERELLA CONTRA CASAS.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre Mazón presentó una querella contra Casas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la presidenta del Tribunal Constitucional por un posible delito de aceptación de dádiva o regalo en consideración al cargo, por aceptar el premio Pelayo a juristas de prestigio, dotado con 30.000 euros.
En el texto de su querella, el abogado murciano señala la posible comisión por la magistrada de un delito del artículo 426 del Código Penal, que señala que la autoridad o funcionario público que admitiere regalos que le fueren ofrecidos en consideración a su función incurrirá en una pena de multa de tres a seis meses.
El premio se concedió a Casas en reconocimiento a su labor como catedrática en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una justificación que el abogado califica de "surrealista" porque la magistrada no ha ejercido como tal desde 1998.
Por ello, cree que la motivación del premio "esta camuflada" y que la presidenta del Constitucional ha aceptado la distinción "en detrimento de la dignidad del cargo que ocupa, a sabiendas de que no se le habría dado el citado premio de no ejercer altas funciones en el Tribunal Constitucional". Agrega que su actitud afecta a la apariencia de imparcialidad de su función en el alto tribunal.
Este letrado consiguió notoriedad pública en enero de 2004, después de que el Tribunal Supremo condenara a 11 magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su entonces presidente, Manuel Jiménez de Parga, a indemnizarle con un total 5.500 euros (500 euros cada uno) por archivar un recurso de amparo sin estudiarlo.
DOS PRESIDENTES DEL TC PREMIADOS.
La querella contra Casas señala que la ceremonia de entrega del Premio Pelayo tuvo lugar el pasado 16 de noviembre en el Casino de Madrid, con asistencia de más de 500 personas entre las que destacaban personalidades del mundo del Derecho. Recuerda que en 2002, el premio recayó en el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga.
"Salta a la vista la verdadera naturaleza del premio, por un lado hacerse publicidad en el sector de actividad (la jurídico-judicial) sensible a su cuenta de resultados y por otro, en el caso de los dos presidentes del TC, recompensarles para así ganarse sus simpatías y obtener buenos resultados como litigante", señala la querella. En ella, el letrado cita dos sentencias de 2003 cuyo fallo favoreció a la aseguradora.
