SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado y parlamentario andaluz de IULV-CA, Antonio Romero, consideró hoy que el recurso contra el Estatuto andaluz presentado por la Junta de Extremadura por la presunta inconstitucionalidad del artículo 50 del texto, que otorga plenas competencias andaluzas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, "beneficia a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya que ella siempre ha mostrado sus reticencias al artículo y no desea transferir a Andalucía la gestión" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
En declaraciones a Europa Press, Romero confió en que finalmente el Tribunal Constitucional (TC) no realice ninguna involución del Estatuto, al tiempo que pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que, "si como parece, va a agotar la legislatura, transfiera a Andalucía las competencias antes del final del presente mandato".
Según el dirigente de la federación de izquierdas, "de esta manera, quedaría claro que Zapatero defiende una España global y que no apoya el centralismo, intervencionismo y autoritarismo que se aprecia en algunos de sus ministerios".
Además, volvió a reiterar que el artículo 50 del Estatuto sólo habla de entregar a Andalucía las competencias de las aguas del Guadalquivir que bañan la región, "y no dice nada de apropiarse ni de invadir esas pequeñas partes del río que pisan tierras de Extremadura, Murcia o Castilla La Mancha".
Por ello, reclamó al pueblo andaluz que "se movilice y luche por mantener para su tierra una competencia que la otorga una ley aprobada ya, y que, junto a otras como la de la Deuda Histórica, conforman el ADN de un gran Estatuto que, de ninguna manera, debe ser recortado por el Constitucional".
EL PARLAMENTO, SIN NOTICIAS DEL TC
En la misma línea, Antonio Romero explicó que la Mesa del Parlamento andaluz aún no ha recibido oficialmente la decisión del TC de admitir a trámite el recurso presentado por el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Asimismo, señaló que, de recibirla en los próximos días, la Cámara dispone de 15 días hábiles para presentar sus alegaciones, ya que es la propia mesa la que está facultada por el reglamento del Parlamento para ejercer una defensa de una ley aprobada en dicho Parlamento.
