Asegura que no defraudó a Hacienda porque "el ladrón, el depredador y el empresario 'modelo' resulta que pagó los impuestos"
BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El empresario catalán Javier de la Rosa admitió hoy su participación en la apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía Gran Tibidabo, que presidió hasta 1993, pero no aceptó los tres años de cárcel que solicita para él la Fiscalía tras el acuerdo extraprocesal que las partes alcanzaron en diciembre.
Su defensa pidió que se le condene sólo a medio año apelando a la "misión humanitaria" de la justicia, ya que De la Rosa lleva ocho años sometido "a enjuiciamiento constante" y sufre "trastornos neurológicos".
El juicio contra De la Rosa y contra otras seis personas por la descapitalización de Gran Tibidabo --hace ahora más de 13 años-- quedó hoy visto para sentencia, después de que la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y las defensas llegaran a principios de diciembre a un acuerdo extraprocesal por el que De la Rosa y otros seis acusados admitirían haberse apropiado de 68 millones de euros a cambio de una rebaja sustancial en la petición de condena. El Ministerio Fiscal modificaba así su escrito de conclusiones presentado en el año 2000 y retiraba los cargos por fraude fiscal.
Sin embargo, el abogado del Estado --que representa a la Agencia Tributaria-- mantuvo la acusación por la presunta defraudación al fisco de más de cinco millones de euros en la venta a la Generalitat de la sede del CNL --después Gran Tibidabo--, en la compra de oficinas y en la venta de la cartera de leasing de CNL. Ello impidió la conformidad de las partes y, el 10 de diciembre, obligó a suspender la vista para que el tribunal decidiera si se juzgaba a los acusados sólo por apropiación indebida o también por fraude a Hacienda.
Finalmente, la vista se reanudó hoy en la Audiencia de Barcelona para juzgar por un presunto delito fiscal de De la Rosa, presidente de Gran Tibidabo hasta 1993; Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdà, ex presidente de Consorcio Nacional del Leasing (CNL); Arturo Piñana, vinculado a sociedades de De la Rosa; y Carolina Malagelada, relacionada con empresas intermediarias.
Antes de practicar la prueba por la presunta defraudación a Hacienda, sin embargo, tanto ellos como el ex representante de Fitinvest Ramón Fiter y el empresario y ex diplomático Manuel de Prado y Colón de Carvajal reconocieron su participación en la apropiación indebida de 68 millones de euros de Gran Tibidabo. La esposa de De la Rosa, Mercedes Misol, fue exculpada en diciembre, ya que el Ministerio Fiscal no presentó cargos contra ella y las acusaciones particulares se adhirieron a su petición en diciembre.
Todos los acusados aceptaron las penas rebajadas por la Fiscalía --que suponen entre medio año y tres años de cárcel--, excepto De la Rosa, ya que su defensa pidió hoy que se le imponga medio año de cárcel en lugar de los tres años solicitados por la Fiscalía --que inicialmente pedía 13 para el empresario--. El letrado apeló a la "misión humanitaria" de la Justicia porque De la Rosa "lleva sometido a un enjuiciamiento constante durante los últimos ocho años" y sufre prisión desde 1994, tanto de forma preventiva como efectiva.
Su defensa afirmó, además, que el empresario y su familia han sufrido el "castigo adicional" de aparecer de forma "constante" en los medios de comunicación, que "muchas veces" le han sometido a "juicios paralelos" y han llegado a publicar una foto suya comiendo un bocadillo en la cárcel Modelo de Barcelona. Según su letrado, todo ello le ha provocado "trastornos de carácter neurológico" que el 7 de enero le obligaron a ingresar de urgencia en un centro médico.
En cuanto al presunto fraude a Hacienda, por el que la Agencia Tributaria reclama 1,6 millones de euros, De la Rosa, Cruells, Cerdà, Piñana y Malagelada negaron haber participado en la declaración del Impuesto de Sociedades de CNL para el ejercicio 1991. De la Rosa, además, aseguró que "se pagó todo lo que exigió la Hacienda Pública". "El ladrón, el depredador, el empresario 'modelo' resulta que pagó los impuestos", aseguró el empresario al ejercer su derecho a la última palabra.
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