MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha instado al Ejecutivo a presentar una protesta oficial ante el Gobierno marroquí por los "impedimentos" y las "amenazas" que recibieron los abogados españoles que asistían como observadores a los juicios contra activistas saharauis en el Sáhara Occidental.
En este sentido, el CGAE ha emplazado al Gobierno español a que exija, "por todos los medios pacíficos al alcance del Estado", al reino alauí que respete "escrupulosamente" los derechos humanos, cumpla las resoluciones de la ONU y permita el "trabajo libre e independiente" de abogados y periodistas.
Ante los "graves incidentes" acaecidos en el campamento saharaui de Adaym Izit y en El Aaiún, la Abogacía Española ha condenado la "violencia" dirigida contra la población civil saharaui en "el Territorio no autónomo del Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos".
Asimismo, ha denunciado la "vulneración del derecho de defensa" y el tratamiento dado en el Tribunal Penal de Casablanca a los juristas observadores del CGAE. En esta línea, ha cargado contra la "inactividad" y la "falta de atención" que los diplomáticos españoles han mostrado hacia los abogados observadores.
En cuanto a la expulsión de periodistas españoles y la retirada de la acreditación a uno de ellos, ha censurado el "bloqueo informativo" impuesto por Marruecos en el Sáhara Occidental y el tratamiento que las autoridades alauitas han dado a la prensa española. En concreto, ha tenido un recuerdo para dos reporteros afectados que fueron homenajeados por el Premio Derechos Humanos de la Abogacía en 2007 y 2006, el corresponsal de la cadena Ser Nicolás Castellano y el periodista de ABC, Luis de Vega.
Por todo ello, ha reclamado la constitución de una comisión internacional "independiente" que investigue la violación de derechos humanos en el territorio y ha solicitado también que se provea a la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental (MINURSO) de competencias de observación y vigilancia del respeto a los derechos humanos de la población saharaui.
La Abogacía española ha conminado a las Naciones Unidas para exigir el "respeto" a la legalidad internacional por parte de Marruecos y ha reclamado el cumplimiento del "Plan de Paz" mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado por Marruecos y el Frente Polisario.
